La Fiscalía, contra los dos alcaldes que lideran el apoyo al referéndum

Colpisa | Madrid / Barcelona

Los dos primeros alcaldes querellados por promover la celebración del referéndum pese a la suspensión del Tribunal Constitucional son Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) y Miquel Buch (Premià de Mar, Barcelona), ambos integrantes de PDeCAT (antigua CIU). La Fiscalía Superior de Cataluña remitió ayer una denuncia contra estos regidores al Tribunal Superior de de Cataluña (TSJC). La razón es que Lloveras es actual diputada en el Parlament y, por lo tanto, aforada, y la querella también alcanza a su compañero de partido por la conexidad de los posibles hechos delictivos.

Lloveras preside la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Buch, la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Estos colectivos organizan el referéndum con el apoyo de 712 de los 947 ayuntamientos existentes en Cataluña. La querella reclama que, como medidas cautelares, se ordene el cierre de las páginas web de ambas organizaciones, fije una fianza a ambos políticos y dirija un oficio a los alcaldes para que «impartan las instrucciones precisas» en aras a impedir su celebración, prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.

Igual que a los miembros del Gobierno catalán, la Fiscalía pide investigar a Lloveras y a Buch por los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación por llevar a cabo «actos inequívocos de promoción y organización» de un referéndum «inconstitucional». Ambos alcaldes son «perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Constitucional» y de que la organización de una consulta así «implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas».

Pese a ello, añade la querella, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos enviaron una comunicación desde la cuenta de la AMI dirigida a los alcaldes en que les pedían que informaran de la disponibilidad de locales, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo al mismo. «Con esa retorcida tesis se pretende conceder una supuesta cobertura jurídica a los actos actuando desde una ignorancia deliberada», asegura la Fiscalía. La respuesta este jueves de los querellados es que seguirán adelante.

¿Detenciones «tranquilas»?

El conseller de Interior de la Generalitat siguió ayer con su ambigüedad calculada para no revelar qué harán los Mossos d’Esquadra, no ya la jornada del 1-O, sino antes, para frenar los preparativos, tal y como ordenó Fiscalía. Joaquim Forn, preguntado en los micrófonos de Rac 1 por las instrucciones del Ministerio Público de detener a los alcaldes que se niegue a declarar sobre la cesión de locales municipales para el referéndum, se limitó a apuntar que se buscarán «soluciones para hacerlo de una manera absolutamente tranquila y correcta».

Por otra parte, las subdelegaciones del Gobierno en Barcelona y Tarragona informaron a los responsables de los recintos de Badalona (Barcelona) y Tarragona que esta anoche acogen actos relativos al referéndum del 1 de octubre de que su celebración es ilegal. Según fuentes cercanas a las subdelegaciones del Gobierno central, el subdelegado en Barcelona, Emilio Ablanedo, y el subdelegado en Tarragona, Jordi Sierra, advirtieronal director de la Masía de Can Boscà de Badalona y al responsable del Tarraco Arena de Tarragona de las consecuencias que les puede conllevar permitir tales actos..