La Generalitat reconoce que la última acción policial «altera» el referéndum

c. reino | barcelona

«Ni un paso atrás». Este es el mensaje que las influyentes plataformas secesionistas (ANC, Ómnium y AMI) trasladaron ayer desde la movilización ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al Gobierno de Carles Puigdemont, que hizo suyo el planteamiento a pesar de que se le acumulan los problemas para poder celebrar un referéndum.

La Generalitat insistió en que se celebrará la consulta sobre la independencia el día previsto. «El 1-O se realizará el referéndum que tenemos convocado. Se hará porque teníamos previstos planes de contingencia y porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población», afirmó el presidente de la Generalitat en un mensaje difundido en la noche de ayer en las redes sociales. Sin embargo, no se atrevió a decir que tendrá todas las garantías prometidas.

Y es que, 24 horas después de que la Guardia Civil por orden de un juez realizara 41 registros, detuviera a catorce personas, se apropiara de diez millones de papeletas, miles de folletos y asestara un duro golpe a la preparación del referéndum, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, admitió que la operación policial, unida a la que permitió un día antes decomisar las notificaciones a los miembros de las mesas electorales, ha «alterado las reglas del juego» del referéndum.

Por primera vez, Junqueras evitó decir que el 1 de octubre se votará «como siempre», su frase fetiche desde hace meses. «No estamos pudiendo votar como siempre», dijo ayer. A su juicio, las operaciones policiales, calificadas desde el independentismo como un «golpe de Estado», han provocado que las «circunstancias» de la preparación sean «hoy diferentes». Junqueras vino a asumir que la logística del 1-O podría tener carencias, preparando el terreno por lo que pueda ocurrir en los próximos días, sobre todo ante una eventual incautación de las urnas.

El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, culpó directamente a Mariano Rajoy si al final la consulta no tiene todas las garantías prometidas. «Las está reventendo todas», aseguró. Aunque el presidente del Gobierno advirtió el miércoles a los independentistas de que celebrar un referéndum a día de hoy es una «quimera», Puigdemont quiso replicar ayer con un mensaje de confianza a los suyos: «Nos sentimos fuertes y apoyados para afrontar los embates que vendrán».

Por la vía de los gestos, la Generalitat dejó bien claro que sigue adelante en la preparación del 1-O. Por un lado, dio a conocer una dirección web donde se puede consultar en qué colegio y mesa podrá votar cada ciudadano y, por otro, el Diario Oficial de la Generalitat publicó un encargo para actualizar y digitalizar las secciones censales de Cataluña del año 2016. Además, anunció que en los próximos días la ciudadanía irá «recibiendo noticias sobre la parte material» del referéndum. Es exactamente lo que dice el único anuncio institucional sobre el 1-O que emite TV-3 a pesar de que todo lo relativo a la consulta está suspendido. También la campaña electoral debería estar anulada, aunque los partidos secesionistas la mantienen en marcha y todos los días celebran actos sin ningún problema.

Tras la operación policial y el retraso que acumula la Generalitat en la logística, la pregunta que se hace todo el mundo es si el Gobierno catalán está aún a tiempo de organizar una consulta de verdad. Puigdemont, que ayer se reunió con Junqueras para analizar cómo afectan las intervenciones de la Guardia Civil a la consulta, dijo hace un mes que ya tiene las urnas, pero en cambio ahora el problema son las tarjetas censales y las notificaciones de los miembros de las mesas, que no han llegado a sus destinatarios por el boicot de Correos al 1-O.

Sobre las tarjetas censales, el único compromiso que existe para que lleguen a los buzones de los electores es verbal por parte del presidente de la Generalitat.

Mientras, la Sindicatura Electoral, que está suspendida por el Constitucional, como todo lo que tiene que ver con el 1-O, amplió el plazo hasta el martes que viene para la notificación de los miembros de las mesas. Un nuevo retraso dejaría las mesas en manos de la ANC, como se sospecha que va a ocurrir. Las papeletas también son una incógnita porque la Guardia Civil requisó diez millones (el censo rondará los 5,5 millones). Tras la operación, el presidente de la Generalitat afirmó de manera solemne: «El día 1 saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la haremos servir». Jordi Turull no quiso aclarar esta vez si estaba emplazando a los electores a imprimirse la papeleta en casa. Puigdemont llamó a la gente a seguir defendiendo el 1-O en la calle.