El Gobierno ve imprudente hablar de detener a Puigdemont
Diputados de Junts pel Sí piden una movilización ciudadana para impedir el arresto.
Un día después de que Carles Puigdemont afirmara que su detención «no sería buena idea», el fiscal general del Estado señaló que la captura es una posibilidad «abierta». José Manuel Maza apuntó que la Fiscalía «está convencida» de que el presidente de la Generalitat es culpable de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, y si no ha sido arrestado hasta ahora es porque «no lo consideramos oportuno». El Gobierno salió de inmediato a matizar unas palabras que fueron un baldazo de gasolina en el incendio catalán y reclamó que se deje de «especular» con decisiones que no corresponden a un fiscal.
Las reflexiones de Maza no fueron bien acogidas en la Moncloa, donde no ven la necesidad de hacer en público cábalas o hipótesis sobre decisiones que supondrían un punto de no retorno si es que ese extremo no se ha alcanzado ya. El ministro de Justicia señaló que «especular» sobre la detención del presidente de la Generalitat tiene «poco sentido». Sobre todo, subrayó Rafael Catalá, porque quien debe tomar esa decisión es el juez y no el acusador público.
El Gobierno lo que menos quiere es fomentar el victimismo de los independentistas catalanes en estos momentos. Una detención del presidente de la Generalitat, de alguno de sus consejeros o de la presidenta del Parlamento de Cataluña tiene que estar muy medida y razonada porque supondría un paso cualitativo en el conflicto. La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de Maza, presentó nada más firmarse la convocatoria del referéndum el 6 de septiembre una querella por prevaricación, desobediencia y malversación contra el presidente catalán y todo su Gobierno, y aunque el Ministerio Público tiene la convicción de que Puigdemont y sus colaboradores están cometiendo esos tres delitos no han pedido todavía al juez su captura.
No es el momento
«No hemos considerado que deba producirse» la detención de Puigdemont, comentó el fiscal general en una entrevista en Onda Cero. Ahora bien, agregó Maza, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos y «ver qué circunstancias se producen». Sobre todo porque uno de los delitos, el de malversación de fondos públicos, lleva aparejada la pena de hasta ocho años de prisión. «Legalmente, se podrían dar los requisitos. Es una decisión que siempre queda ahí abierta pero que de momento no hemos considerado que deba hacerse», advirtió el fiscal general. Un comentario que no deja de ser una obviedad jurídica pero que no repara en el momento político que se vive en Cataluña. En las redes sociales ya circulaba el viernes un aviso de las plataformas independentistas en la que se alertaba de que «entre el lunes y martes llegará el golpe fuerte: detención de consejeros y el presidente y la intervención de todos los medios de la corporación TV3 y Catalunya Radio. Tendremos que estar preparados para bloquear completamente el país».