El Gobierno descarta a Puigdemont como interlocutor a partir del 2-O

nuria vega | madrid

A ojos del Gobierno, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han quedado desacreditados como interlocutores políticos. Agotadas las llamadas al diálogo para la desconvocatoria de la consulta, el Ejecutivo está interesado en que no quede margen para la interpretación: no hay nada de qué hablar con quienes desafían al Estado de Derecho. «Por supuesto que diálogo con el señor Puigdemont no -descartó ayer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat-; el único diálogo que tendrá el señor Puigdemont creo que será con la Justicia».

A 48 horas del referéndum, el Ejecutivo endureció el discurso. Fuentes de La Moncloa incidieron en la dificultad de recuperar los cauces de comunicación con aquellos dirigentes «que incumplen las leyes» y sostuvieron que tanto el presidente catalán como el número dos de la Generalitat se han «descalificado» a sí mismos como interlocutores válidos para gestionar el día después.

Este es al menos el planteamiento en los momentos previos a la consulta, cuando el Gobierno sólo tiene en mente detener la votación y restablecer la legalidad. El 2 de octubre se verá. Por ahora, nada de «futuribles». Y en el momento presente, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, sólo ve en Puigdemont, «que es la máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma», a un dirigente que «ha actuado con una deslealtad brutal y que se ha situado al margen de la ley».

No fue la única alusión a la «deslealtad» durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Una y otra vez Méndez de Vigo echó mano del término para definir la conducta de la Generalitat en estos últimos meses en el marco de un «proceso continuado de desobediencia institucional». Siendo así, la ministra de Sanidad fue más allá en una entrevista en RNE y sentenció que a Puigdemont «sólo le queda dimitir, asumir las responsabilidades ante los tribunales y convocar elecciones autonómicas».

Sobre el presidente catalán y los consejeros de la Generalitat pesa una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña por la firma del decreto de convocatoria del referéndum. Se les investiga por un delito continuado de desobediencia, por prevaricación y malversación de caudales públicos, lo que podría acarrear penas de prisión y la inhabilitación de los miembros del actual Gobierno autonómico. «Sin duda responderán ante los tribunales, como sucede en cualquier democracia europea, y cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales», advirtió ayer Méndez de Vigo.

Lo que en ningún caso quiso anticipar el portavoz es qué resortes está dispuesto a activar el Gobierno para frenar a Puigdemont si opta por declarar de manera unilateral la independencia tras la votación del domingo.