El Gobierno reconoce presiones para agilizar la salida de algunas compañías

JOsé María Camarero | MAdrid

El miedo al vacío legal al que podría enfrentarse Cataluña si la próxima semana el Parlamento declarase la independencia de forma unilateral ha obligado a las grandes corporaciones catalanas a movilizarse en los últimos días para que el Gobierno facilite el cambio de sede social, en los casos en los que las juntas de accionistas tuvieran que intervenir en esa decisión, como CaixaBank. El temor ha sido tal, sobre todo en la banca, tras verse amenazada con la salida de depósitos, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció ayer que ante las peticiones de los empresarios el Ejecutivo se ha apresurado para cambiar ayer mismo la ley.

Desde el departamento económico del Gobierno admiten públicamente que el cambio normativo aprobado de forma exprés en el consejo de ministros «responde a la demanda de amplios sectores empresariales» ante las «dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad» en Cataluña. El decreto ley de carácter urgente está diseñado a la medida de CaixaBank, una de las grandes corporaciones que, por estatutos, precisa el aval de la asamblea de accionistas para fijar su sede fuera de Barcelona. Porque en la mayor parte de los casos, las empresas habían modificado sus normas internas para poderlo hacer desde que se puso en marcha la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en 2015.

El ministro de Economía criticó a los impulsores del movimiento independendista para cargar contra ellos la responsabilidad de la huida de las corporaciones. «Esto es culpa de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud en el mundo empresarial», indicó en su comparecencia tras el consejo de ministros. «Los que tendrán que dar explicaciones son los que toman estas decisiones políticas», añadió. E insistió en señalar a la Generalitat al exponer que «si hay decisiones (corporativas) que se toman al respecto, muchas tienen que ver por la política irresponsable» del gobierno de Carles Puigdemont.

Vía rápida

Con el cambio normativo aprobado en marcha, se abre la vía rápida para que cualquier empresa con sede social en Cataluña pueda salir del territorio y fijar su domicilio jurídico en otra comunidad autónoma saltándose incluso a su junta de accionistas, aunque sus estatutos establezcan esa obligación. El Ejecutivo ha realizado un ejercicio de ingeniería legal para evitar cualquier problema futuro tras la premura con la que se ha sacado adelante esta iniciativa. Economía ha rizado aún más el rizo de la Ley de Sociedades de Capitales al abrir una vía para que las empresas puedan aprobar un cambio de domicilio social en 24 horas, sin necesidad a esperar que sean sus juntas las que tengan que autorizarlo.