La Fiscalía amplía la investigación a Trapero al 1-O y la jueza volverá a citarlo

M. Balín / C. Reino | Barcelona

Solo 50 días después de los atentados de Cataluña, cuya respuesta policial lideró el mayor de los Mossos d’Esquadra, circunstancia que le valió la medalla de oro del Parlament, Josep Lluis Trapero compareció ayer en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por un delito de sedición. Un tipo penal que castiga de forma grave las infracciones contra el orden público con entre ocho y 15 años de prisión. Uniformado y escoltado por su dos hombres de confianza en la policía catalana, Trapero hizo el paseíllo a la sala de declaraciones del tribunal central entre una nube de cámaras.

Estaba cabizbajo, con gesto serio, de cierta preocupación. Quién le iba a decir que apenas hace un mes, en otro juzgado, su equipo dirimía con otro juez la líneas de investigación de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils. O que pese a las críticas mutuas por la falta de colaboración entre cuerpos policiales, su figura permanecía prácticamente intacta hasta que se puso en marcha el proceso unitaleral hacia la independencia de Cataluña. Pero los acontecimientos suceden a tal velocidad que el jefe de los 17.000 policías catalanes se sentó ayer ante la juez Carmen Lamela y el teniente fiscal Miguel Angel Carballo. Ambos consideran que hay indicios suficientes para investigarle por su supuesta responsabilidad penal en la algarada frente a la consejería de Economía del pasado 20 de septiembre, mientras tenían lugar los registros de la comisión judicial de la ‘operación Anubis’: dirigida contra el presunto núcleo organizador del referéndum suspendido del pasado domingo, y que se saldó con 14 detenidos y 20 investigados. Acompañado de su abogado de la Generalitat, Trapero respondió por espacio de una hora a las preguntas de la juez y el fiscal. Rebatió el atestado de la Guardia Civil que acusaba a los Mossos de permisividad en las concentraciones del 20 y 21 de septiembre y se mostró «satisfecho» con las explicaciones porque había cumplido «estrictamente», dijo, con las órdenes del juzgado de Barcelona que dirigió esa operación. También defendió el papel de sus hombres y recordó que sacaron a la comisión judicial de la consejería cuando el juez se lo pidió.

Poco convincente

Sin embargo, su declaración «exculpatoria» no fue del todo convincente, según las fuentes jurídicas consultadas. «Rechazo su competencia» Junto a Trapero comparecieron los otros tres investigados hasta el momento por un delito de sedición (alzamiento colectivo y tumultuario contra la autoridad y el orden público). El presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, solo respondió a su abogado porque, aseguró, no reconocía la competencia de la Audiencia Nacional «para instruir la sedición». Por su parte, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, responsable de la comisaría más cercana al lugar de los hechos, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, se acogieron a su derecho a no declarar. Laplana, además, alegó causas médicas, al parecer unos vértigos y un cuadro de ansiedad, y la juez le permitió comparecer por videoconferencia desde Barcelona. La Fiscalía no pidió medidas cautelares para ninguno de ellos.

El motivo es que al principio de los interrogatorios el teniente fiscal pidió a Lamela la suspensión de los interrogatorios después de que la Guardia Civil aportara poco antes un nuevo informe «de 300 folios» que ampliaba los indicios contra los investigados hasta el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición al entender que, al ser llamados como investigados, ya existían datos de la posible comisión de un delito. Ello pese que el acusador público le advirtió sobre posibles nulidades.

Al quedar «inconclusas» las explicaciones de los cuatro, el teniente fiscal Carballo volverá a pedir su citación la próxima semana a la vista de los nuevos indicios aportados por la Guardia Civil, que podrían suponer además la investigación de «alguna persona más, aunque en ningún caso se trata de autoridades». Según las citadas fuentes jurídicas, después de esa nueva comparecencia la Fiscalía podría solicitar la adopción de medidas cautelares por reiteración delictiva, al menos.

«Correcto y necesario»

Los Mossos publicaron ayer un comunicado tras la declaración judicial de Trapero en el que defendieron que su actuación el 20 y 21 de septiembre fue «correcta y necesaria» y denunciaron que no se les avisó «con suficiente antelación, por lo que el dispositivo no se pudo planificar y eso obligó a adaptarlo en función de las circunstancias». Es más, «la primera noticia que tuvieron sobre la actuación policial de la Guardia Civil (en la ‘operación Anubis’) llegó a través de los medios de comunicación», afirmó la nota en referencia al registro autorizado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.