La muerte de Maza quiebra el plan judicial del Gobierno en Cataluña
Rajoy busca un relevo de la misma línea dura en los procesos en macha contra los soberanistas.
Familiares de Maza abandonaron ayer la clínica Bazterrica de Buenos Aires donde falleció. D. FERNÁNDEZ
R. Gorriarán | Madrid
El fallecimiento de José Manuel Maza ha abierto un boquete en la estrategia legal del Gobierno contra el movimiento secesionista en Cataluña. La Moncloa desearía tener un clon del desaparecido fiscal general del Estado, si acaso con menor presencia mediática y con declaraciones más medidas, pero con su misma firmeza en las acusaciones.
Mariano Rajoy tendrá que buscar su cuarto fiscal general. Empezó su mandato con Eduardo Torres-Dulce, con el que surgieron serias fricciones por su actuación, «laxa» a juicio de miembros del Gobierno, contra los soberanistas catalanes tras el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Aquellas diferencias acabaron con su dimisión. Fue sustituido por Consuelo Madrigal, de efímera gestión porque no fue ratificada en el cargo en esta legislatura debido, según fuentes de la carrera, a las diferencias con el Ejecutivo sobre algunos nombramientos. Rajoy escogió a Maza, entre otras razones, porque era ajeno al mundo fiscal, siempre ejerció en la judicatura, y no tenía ataduras en la carrera. Pero sobre todo por su talante conservador y su beligerancia con el desafío secesionista en Cataluña.
El fallecido fiscal se jactaba, porque va en el manual del cargo, de no seguir los dictados gubernamentales, pero sabía muy bien qué era lo que se esperaba de él. El Gobierno quería orden en la carrera fiscal, sobre todo en Anticorrupción, y una respuesta firme a los pasos que dieran la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Rajoy escudriña ahora qué togado puede ajustarse a ese perfil. De entrada, las funciones de Maza serán asumidas por Luis Navajas, número dos del Ministerio Público y teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Compromiso
La relación entre ambos era «profesionalmente correcta» y trabajaron juntos en la redacción de las contundentes querellas ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y sus 13 consejeros, y ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa. Los textos llevaban la firma de Maza, algo inusual pero que pretendía dejar sentado el compromiso personal del más alto representante de la Fiscalía en las dos causas penales de mayor voltaje político en las últimas décadas.
Navajas es el responsable de llevar a buen puerto la querella en el Supremo, en la que ha tenido que ver como su petición de prisión para Forcadell y tres miembros de la Mesa fue desestimada por el juez Pablo Llarena, que rebajó las medidas cautelares al pago de fianzas.
