El complejo funcionamiento del polémico concierto

La aprobación en el Congreso del cupo vasco, la aportación que realiza el País Vasco a la financiación del Estado, ha devuelto la polémica sobre este sistema. La queja unánime de otras autonomías y expertos se refiere a la escasa contribución que hace dicha comunidad a la administración central, que en 2017 será de 1.300 millones oficialmente. Sin embargo, al restarle el coste de las políticas activas de empleo, una competencia transferida en 2011 con un gasto fijado en 340 millones (la cifra concreta no se recoge en la ley) hacen que el cupo sea finalmente de alrededor de 950 millones este año. Pero ¿cómo funciona este sistema?

El concierto económico vasco se remonta a 1878 tras el fin de la tercera guerra carlista y que durante la dictadura franquista se mantuvo sólo en Álava. Actualmente está contemplado en la Constitución -al igual que el concierto navarro-. A diferencia de lo que ocurre con el resto de comunidades autónomas integradas en el denominado régimen común, el País Vasco tiene sus propias haciendas forales (una en cada provincia) que recaudan todos los tributos, incluidos el IRPF, IVA o Sociedades. Esto no significa que tenga capacidad normativa sobre ellos.