El cambio de tribunal en la caja B del PP genera desconfianza

agencias | madrid

PSOE, Podemos y Ciudadanos recelan del cambio en el tribunal que juzgará el caso de la caja B del PP porque temen que la modificación se ha introducido para eliminar a un juez imparcial y colocar a otro de talante más conservador.

«La apariencia objetiva de imparcialidad es muy importante», advirtió la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que calificó de «preocupante y sorprendente» el cambio. Su homóloga de Podemos, Irene Montero, acusó a los populares de manejar los tribunales como si fueran «su cortijo» porque han situado en el tribunal de la caja B a jueces «tradicionalmente vinculados al PP». Ciudadanos no llegó a ese grado de desconfianza, pero espera, en palabras de Albert Rivera, que los jueces trabajen «con independencia, sin presiones y sin injerencias».

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional decidió dejar fuera del tribunal que enjuiciará la contabilidad en negro del partido gubernamental a los jueces Julio de Diego y Ángel Hurtado. El primero propició con su voto que Mariano Rajoy tuviera que declarar en agosto como testigo en el proceso por la primera etapa del caso Correa.

Ambos serán reemplazados por María José Rodríguez Duplá y Juan Pablo González, que fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, circunstancia que impidió a la juez Concepción Espejel juzgar el caso Correa.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó con rotundidad que el Gobierno esté detrás de los cambios porque es «imposible» influir en la decisión de los seis jueces de la Sala de Gobierno de la Audiencia. El PP mostró su respeto por la decisión y recordó que en España «hay separación de poderes».

IU, que ejerce la acusación popular, estudia impugar el cambio y recusar a González por las mismas razones que motivaron la recusación de Espejel.

El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aseguró que el cambio de tribunal «no parece que esté fuera de lo normal», ya que esta modificación se ha tomado «por unanimidad».

Así lo manifestó ante los medios antes de recibir el premio otorgado por la Abogacía española al órgano de gobierno de los jueces y magistrados por su lucha contra la corrupción.

Lesmes manifestó que «la ley es la que le atribuye la decisión a las salas de Gobierno de cómo repartir los asuntos en cada inicio de año y, a su vez, cómo se componen las distintas secciones». Y recordó que cualquiera que se haya sentido perjudicado por la decisión «puede interponer un recurso ante el Consejo General del Poder Judicial».