El Gobierno admite que el 155 no puede cambiar el modelo educativo
El Gobierno no tiene potestad para cambiar el modelo educativo de una comunidad autónoma, ni siquiera cuando ésta se encuentre intervenida por la aplicación del artículo 155. El ministro Íñigo Méndez de Vigo reconoció ayer durante la sesión de control del Congreso que el margen de maniobra del Estado central en esta materia es escaso. Lo hizo tan solo un día después de que el Tribunal Constitucional anulara los artículos de la Lomce que obligaban a la Generalitat a pagar una ayuda de 6.000 euros a las familias que optasen porque sus hijos estudiasen en castellano, algo que en la actualidad sólo puede hacerse en centros privados.
Las declaraciones de Méndez de Vigo también se han producido en medio del debate en el seno del Gobierno -«ha habido malentendidos», admitió ayer María Dolores de Cospedal- sobre la posibilidad de modificar el sistema educativo catalán para que se imparta un mínimo de horas lectivas en castellano, una obligación que por otra parte estipulan varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero que en la práctica no se cumple.
«Respetamos y acatamos las sentencias», afirmó Méndez de Vigo respecto a la decisión del Constitucional, si bien a renglón seguido el ministro incidió en que de la misma forma las administraciones autonómicas «tienen que cumplir aquellas sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y que debe de ser enseñado en una proporción razonable».
La crítica de la oposición al Gobierno por sus vaivenes respecto a la enseñanza en Cataluña fue ayer generalizada. Quien más contundente se mostró fue Ciudadanos. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, amenazó con que su formación no firmará el pacto de estado por la educación si no se garantiza el uso del castellano en las aulas.