Diario de León
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El Gobierno de Mariano Rajoy considera que su «determinación» para «impedir la burla» a la ley ha sido clave para que Carles Puigdemont haya renunciado a ser candidato a presidente de la Generalitat. No dio valor a las tensas y largas negociaciones entre las fuerzas soberanistas para buscar una salida que fuera aceptable para el expresidente catalán.

La Moncloa sacó ayer pecho por partida doble. Por el paso atrás del expresidente catalán, pero también por el tono de las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña, que a falta de un estudio detallado de la Abogacía del Estado, no pasaron, a su juicio, de la retórica.

Ahora, añadieron fuentes gubernamentales, solo falta que Cataluña tenga un presidente de la Generalitat «en condiciones» de gobernar; es decir sin causas pendientes con la justicia. Algo que, al menos en primera instancia, no será posible porque el candidato a la investidura será Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real.

Hasta ahí llegó el Gobierno, que no quiso comentar ningún otro detalle del discurso de Puigdemont, salvo que vigilará «el uso correcto del dinero público» porque «un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario público».

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