Puigdemont emprende una batalla judicial contra España a nivel internacional

Carles Puigdemont ha declarado la guerra jurídica al Estado español y se propone recurrir a las instancias internacionales que haga falta con tal de denunciar lo que él considera una violación flagrante de sus derechos. El expresidente de la Generalitat formalizó ayer una demanda ante el comité de derechos humanos de la ONU, un órgano formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos por los estados que lo han ratificado, entre ellos España.

El Estado español, según la denuncia del expresidente, es culpable de violación de las obligaciones de los tratados internacionales a través de la «imposición de restricciones desproporcionadas e injustificadas en el ejercicio de los derechos políticos». Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas en pos de un objetivo común de buscar la independencia y a la libertad de expresión política en apoyo de la causa de la independencia de Cataluña. «Estos derechos han sido violados por la conducta del Reino de España», argumenta.

Se trata de la primera ofensiva del expresidente, cuyo abogado anunció que presentará «cada mes» denuncias ante distintos organismos internacionales hasta que el Gobierno español acepte iniciar negociaciones para encontrar una solución a la crisis catalana. Puigdemont ha contratado a un experto internacional, Ben Emmerson, que defendió a Julian Assange, Maria Litvinenko -la mujer del exagente ruso muerto tras ser envenenado- o a Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo.