Urdangarin tira la toalla y se resigna a entrar en prisión
Su abogado cierra la puerta al indulto e insinúa que tampoco recurrirá al Constitucional.
Urdangarin a su salida de la Audiencia tras recoger la orden de ingreso en prisión. CATI CLADERA
melchor sáiz-pardo | madrid
Iñaki Urdangarin no va quemar a la desesperada sus últimos cartuchos para retrasar su ingreso en prisión o interrumpir la ejecución de condena hasta dentro de unos meses. Su abogado, Mario Pascual Vives, por primera vez reconoció públicamente ayer que ya no hay nada que hacer para evitar que su cliente pase una buena temporada entre rejas. El letrado descartó casi al cien por cien embarcarse en maniobras procesales para intentar forzar la excarcelación de su defendido. No habrá petición de indulto y, muy probablemente, tampoco recurso ante el Tribunal Constitucional en busca de una casi improbable suspensión de la entrada en prisión.
Pascual Vives dijo ver «muy difícil» presentar un recurso de amparo ante la corte de garantías que pueda prosperar. El letrado no ocultó su pesimismo. Insistió en que el Constitucional tiene un «filtro muy limitado» y que solo es esperable conceder un amparo cuando ha habido «algún tipo de vulneración de derecho constitucional a lo largo del proceso». Y admitió que durante el caso Nóos -con la sentencia de la Audiencia de Palma en primera instancia con una condena de seis años y tres meses para Urdangarin y luego la casación en el Supremo reduciendo la pena a cinco años y diez meses- no ha habido irregularidades. A «día de hoy», apuntó, en declaraciones a Cope, hay «muy poco margen para poder sostener con rigor que haya habido una vulneración de un derecho constitucional» durante la casi una década que ha durado este proceso.
El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional deja claro que, de forma general, «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados». No obstante, este mismo precepto abre la puerta a «la suspensión, total o parcial» de los efectos de «la sentencia impugnada» cuando la ejecución de la condena «produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad». No obstante, esta posibilidad es remota, ya que la corte no suele paralizar los ingresos en prisión de personas condenadas a más de cinco años (Urdangarin lo ha sido a cinco años y diez meses) y solo hace uso de esta prerrogativa para casos muy excepcionales o por motivos humanitarios.
El letrado recordó ayer que todavía tiene 30 días para presentar un recurso ante el Constitucional y tiene, por tanto, «mucho tiempo» aún para meditar sobre esa opción, por muy remota que sea.
Sí fue más tajante a la hora de descartar el indulto. Apuntó que las «posibilidades» de que el Gobierno de Pedro Sánchez acordara esta medida de gracia para Urdangarin son «exiguas». Y, en cualquier caso, tampoco la Audiencia Provincial de Palma, según todas las fuentes consultadas, estaría, en el caso de que el Ejecutivo admitiera a trámite el indulto, por la labor de suspender el ingreso en prisión que notificó el pasado jueves al cuñado del rey, cuando le dio de plazo hasta el lunes para entrar la cárcel.