La Generalitat da una tregua a Sánchez pero en otoño espera «pasos adelante»

PAULA DE LA HERAS | BARCELONA

El Gobierno prefiere no hacer pronósticos sobre Cataluña. Su objetivo es ir dando pasos poco a poco, como quien trata de desactivar una bomba. Es consciente, según admiten en Moncloa, de que puede estallar en cualquier momento pero cada avance despierta un suspiro de alivio y mañana cortará un nuevo cable con la reunión de la Comisión bilateral encabezada en Barcelona por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, la primera en siete años.

Apenas tres días después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtiera al presidente del Gobierno de que «el periodo de gracia se acaba» y de que tanto el PDeCAT como Esquerra se abstuvieran en el pleno que debía aprobar la senda de déficit para 2019, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, dejó claro que aún están dispuestso a dar al Ejecutivo «cierto margen». El suficiente como para salvar el encuentro de ayer por la tarde, en el que, por otra parte, no puso demasiadas expectativas.

En las últimas semanas, después de la cita que mantuvieron en la Moncloa Pedro Sánchez y Quim Torra el 9 de julio, ambas partes han pactado un orden del día que incluye, por ejemplo, «análisis e intercambio de información sobre la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional» o «intercambio de información sobre la aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito educativo y lingüístico», pero no ha habido trabajos previos. Se trata, según Artadi, de «un punto de partida».

La también portavoz del Gobierno catalán dio a entender así que pretenden negociar en los próximos meses asuntos como transferencias pendientes, inversiones o retiradas de recursos planteados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a leyes de contenido social —algo que prometió Sánchez en el debate de la moción de censura— y no sólo del derecho de autodeterminación y la puesta en libertad de los responsables del referéndum del 1 de octubre, hoy en prisión preventiva (cuestión que también aparece en el orden del día).

Ese hecho es ya para el Ejecutivo una buena noticia, pero la dirigente catalana, afín a Puigdemont, llamó a no echar las campanas al vuelo. Por un lado, admitió que hay que tener «un punto de paciencia» porque el problema político que se vive en Cataluña no se puede solucionar «en un día» pero por otro volvió a poner el otoño como fecha límite para que Sánchez ponga una propuesta sobre la mesa y advirtió de que la Generalitat no renunciará «en ningún caso» a un referéndum sobre la independencia. «El que debe dar un paso adelante es el Gobierno porque en la sociedad catalana ya ha un consenso muy amplio», adujo

En el Gobierno insisten en que su respuesta a la demanda sobre los presos y la autoderminación no va a variar. Lo primero, dicen, depende la justicia y lo segundo no cabe en la Constitución. Tanto Sánchez como Batet han planteado últimamente la que es, desde 2013, la propuesta del PSOE: una reforma constitucional para profundizar en los aspectos federales del modelo autonómico y un nuevo Estatuto. Ambos deberían ser sometidos a referéndum porque es el procedimiento establecido. Pero los secesionistas desdeñan el plan que, por otro lado, sería imposible de acometer sin el PP. La vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió ayer que, en cualquier caso, lo más relevante es que la reunión de la Comisión bilateral, prevista en el marco normativo vigente, se va a producir. «Significa que volvemos a una situación de la que nunca teníamos que haber salido», dijo tras una reunión sectorial con las comunidades autónomas sobre la distribución de los recursos acordados en el Pacto contra la Violencia de Género. A la cita no acudió la consejera catalana. Hace tiempo que la Generalitat no participa en los órganos multilaterales y exige encuentros directos con el Estado. Calvo, sin embargo, alegó que Artadi le había llamado para explicarle que no podía asistir y se mostró satisfecha con la presencia, en su lugar, de la secretaria general de Presidencia.

Ni al PP ni a Ciudadanos les parece en cambio que haya nada de lo que felicitarse. Ambos acusan al Gobierno de Sánchez de ceder al chantaje de los independentistas por haber accedido a que lleven al encuentro la autodeterminación y la situación de los presos. «Hay que hablar aunque sea para decir ‘no’», justifican desde el Ejecutivo.