Sánchez rechaza reformas legislativas frente al secesionismo para facilitar el diálogo

paula de las heras | madrid

Pedro Sánchez no impulsará reformas legislativas en previsión de una nueva ofensiva del secesionismo catalán. Ni la que él mismo propuso cuando aún estaba en la oposición para actualizar en el Código Penal el delito de rebelión ni la que el jueves le puso sobre la mesa Pablo Casado para recuperar el castigo a la convocatoria ilegal de referéndums. Su afán ahora es evitar cualquier paso que pueda alterar el difícil equilibrio en el que se mueve su relación con la Generalitat o que dinamite el incipiente diálogo abierto tras su reunión, el pasado 9 de julio, con el ‘president’ Quim Torra. «El Gobierno -argumentó ayer- no quiere abrir ninguna vía judicial más».

En el Ejecutivo aseguran que en caso de tener que aplicar en un futuro próximo el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña y frenar la desobediencia institucional lo harán. Y Sánchez lo ratificó durante la larga comparecencia de balance (en torno a hora y media) que siguió al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. «Si hay que volver a hablar del 155 no se preocupen que volveremos a hacerlo», dijo sólo un día después de que el líder del PP advirtiera de que no le pasará «ni una» en este asunto. Otra cosa es que, a su juicio, agitar ahora ese trapo resulte contraproducente.

El presidente del Gobierno adujo que reestablecer una relación de normalidad con la Generalitat llevará tiempo pero que resulta imprescindible para encauzar el problema territorial. «Requerirá mucha pedagogía, serenidad y altura de miras», dijo. Por esa razón apeló a Casado, que el jueves, tras su cita de tres horas en la Moncloa, se mostró en contra de cualquier «política de apaciguamiento» con el independentismo. «Aquellos que no creen en el diálogo ¿qué forma de hacer política quieren? -esgrimió el socialista-. Quienes tienen principios firmes no tienen miedo a hablar porque saben cuáles son sus límites y el nuestro es el estatuto de autonomía».

Sánchez llegó a afirmar que mencionar ahora «otros mecanismos» distintos al diálogo sólo sirve para «hacer el caldo gordo a aquellos que no quieren que fructifique». Y reclamó al líder de la oposición que actúe con «coherencia» respecto a lo que hizo su partido en el Gobierno (no activó el 155 hasta que se celebraron dos referéndums y se produjo una declaración unilateral de la independencia) y con la misma lealtad con la que obró el PSOE en este asunto, según reconoció Mariano Rajoy en el Congreso apenas un mes antes de ser desalojado del Gobierno mediante la moción de censura.

Los socialistas siempre recuerdan que hubo muchas cosas que hizo el anterior jefe del Ejecutivo con las que no estuvieron de acuerdo y sobre las que se mordieron la lengua. Ahora saben que están prácticamente solos para desarrollar su estrategia y que ni el PP ni Ciudadanos les apoyarán en lo que respecta a Cataluña, salvo si es para intervenirla, ni en otras muchas cosas. No en vano, de los cinco acuerdos de Estado que el jueves planteó a Casado -política territorial, inmigración, política antiterrorista, inversiones y ciencia- ninguno fue bien recibido.

El único sostén de Sánchez son los partidos que lo respaldaron en la moción, entre los que se encuentran Podemos y las fuerzas independentistas de Cataluña. De ahí que la gobernabilidad penda, en buena medida, de lo que ocurra en esa comunidad autónoma.

Sánchez, que el jueves recibió los resultados de un CIS que lo sitúa en la cresta de la ola, aseguró que él no decidirá la fecha de las elecciones a golpe de encuesta y, a pesar de que insistió en su promesa de garantizar la estabilidad, se negó a fijar qué hito podría hacerle tirar la toalla. Eso sí, en línea con lo que ya apuntó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, hace unos días adujo que no pretende aferrarse al cargo. «Aguantar, no; avanzar, sí», dijo.