El Supremo rechaza la pretensión de Puigdemont de no figurar como «huido»

m. sáiz-pardo | madrid

Carles Puigdemont seguirá siendo oficialmente un «huido» de la justicia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó ayer una solicitud del expresidente y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluis Puig en la que reclamaban que no se refirieran a ellos como «huidos», sino como «procesados ausentes» o «exiliados». Los magistrados entienden que el término, tal como se ha empleado en la causa, resulta «adecuado y en absoluto desconsiderado».

La Sala de tres magistrados que resuelve las apelaciones contra decisiones del instructor del caso, respondió ayer a la petición de aclaración o rectificación que habían solicitado los afectados por un auto anterior de la misma Sala. En el escrito se les mencionaba como «huidos» en dos ocasiones. Pero los procesados replicaron que la expresión era impropia y desconsiderada.

En el auto que despertó su disconformidad se hablaba en primer lugar de «huidos o sustraídos a la acción de la Justicia española». Según la Sala, sin embargo, esa frase ya incluye «en el mismo renglón, por si hubiera alguna duda, la interpretación auténtica del término». Es decir, «sustraídos a la acción de la Justicia española». «Esto y nada más es lo que ha dicho y lo que ha querido decir la Sala -argumentan los magistrados-, sin perjuicio de conceptos utilizados por prensa o en ámbitos extraños a este Tribunal».

A su juicio, la palabra, así entendida, «resulta adecuada y en absoluto desconsiderada». Recuerdan, además, que la segunda vez que se utiliza el término «huidos» en el auto, se hace referencia a la declaración formal o no de rebeldía de dichos procesados, que, de haber constado en ese momento de manera indubitada, habría dado lugar al empleo de la expresión técnica «reo ausente» o «declarado rebelde».

Como consecuencia de lo anterior, el tribunal rechaza también la alegación de que el término no se ajusta al Código Ético de Conducta de Jueces y Magistrados y desestima en todos sus aspectos la solicitud de aclaración o rectificación.

Advertencia del gobierno

La manifestación de la Diada de Cataluña, que reunió el martes pasado a cientos de miles de personas en Barcelona, dio el pistoletazo de salida a un otoño cargado de movilizaciones. El jueves que viene se conmemora el primer aniversario del sitio a la Consejería de Economía; luego, llegarán el 1-O y el 27-O; y, más tarde, el juicio y la sentencia. Ante el calendario de protestas en la calle, que el independentismo anuncia como la antesala de una nueva escalada que le vuelva a situar en los parámetros de octubre del año pasado, el Gobierno quiso ayer lanzar un aviso a Quim Torra. «Ni las movilizaciones ni otras herramientas que puedan tratar de incorporarse son útiles» para la búsqueda de un acuerdo, afirmó la portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

Celaá insistió en que el Gobierno «seguirá buscando» las vías para llegar a un territorio común que ponga a todos «de acuerdo». Un territorio común que para el Ejecutivo central es el «autogobierno», un espacio que el independentismo se niega, de momento, a explorar, pues considera que la sociedad catalana está en otra pantalla, en este caso la de la autodeterminación. Sánchez propone un referéndum sobre el autogobierno y Torra sobre la autodeterminación y no se atisba en el horizonte un punto intermedio.

Ambas partes, en cualquier caso, reiteraron ayer su disposición a seguir explorando la etapa de diálogo que se ha abierto entre las dos administraciones y en la que se incluye la segunda reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, en este caso en el Palau de la Generalitat el mes que viene, y los encuentros de las comisiones bilaterales.