Condenan a Artur Mas a pagar 4,9 millones por la consulta del 9-N

cristian reino | barcelona

El Tribunal de Cuentas consideró probado que la Generalitat empleó dinero público para llevar a cabo la consulta ilegal del 9-N y condenó al expresidente catalán Artur Mas, a tres de sus exconsejeros y a otros seis exaltos cargos autonómicos a devolver a las arcas públicas casi cinco millones por organizar y celebrar la consulta independentista del 9 de noviembre 2014, que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

La sentencia, de 90 folios, estimó las demandas de las organizaciones Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana. La condena es solidaria, por lo tanto la tienen que pagar esa suma entre todos los condenados aunque no a partes iguales. Mas, en tanto que era el presidente y el máximo responsable del pseudo referéndum, debería asumir la parte que no pudieran hacer efectivo todos los demás. Y se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros, que es la cantidad que ha estimado el Tribunal de Cuentas que costó al erario público autonómico la consulta. A todos los demás, se les han imputando importes en función de su papel en el 9-N.

Según la sentencia, la Generalitat «financió actividades ajenas» a sus «competencias» y «contrarias al ordenamiento jurídico». El Tribunal de Cuentas ya reclamó durante la causa que los acusados depositaran una fianza por si finalmente eran condenados. Entregaron 5,2 millones, la cifra solicitada en un principio. Un total de 2,9 millones se entregaron en efectivo procedentes de la caja de solidaridad que pusieron en marcha la ANC y Ómnium Cultural. El resto eran avales por las propiedades inmobiliarias de cada uno. La sentencia, no obstante, no es firme y se puede recurrir.

En marzo de 2017, el expresidente de la Generalitat fue condenado en la vía penal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Le acusaron de un delito de desobediencia y le impusieron dos años de inhabilitación especial. Ahora está a la espera del recurso de casación en el Tribunal Supremo junto a sus exconsejeras Irene Rigau (un año y seis meses) y Joana Ortega (un año y nueve meses de inhabilitación por el mismo delito). Homs fue castigado a un año y un mes de inhabilitación en marzo de 2017 por el Tribunal Supremo por desobedecer en el 9-N y a una multa de 30.000 euros. En cambio, ninguno de ellos fue condenado por malversación.

Después de conocer el fallo, Mas, Ortega, Rigau y Homs calificaron la sentencia de «aberración jurídica», que «vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas». «No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta», apuntaron. «La decisión del Tribunal de Cuentas se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser, por un lado, un escarmiento para todos aquellos que llevamos a cabo el proceso participativo del 9-N y, por otro, un aviso para navegantes», apuntaron.

Anunciaron que presentarán «el correspondiente recurso». «El espíritu de venganza del Estado es insaciable», afirmó a su vez el presidente de la Generalitat, Quim Torra.