La defensa de Zarrías denuncia «contradicciones» de las acusaciones en los ERE
El exconsejero de Presidencia se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de prevaricación.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. RAÚL CARO
efe | sevilla
La defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías denunció ayer las «contradicciones» en las que a su juicio han incurrido la Fiscalía y las acusaciones en el caso ERE, «no hechas con mala fe sino que responden a la escasez de argumentos».
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda concluyó su informe final para pedir la absolución de Zarrías, que se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de prevaricación junto a otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía basándose, según su letrado, «en un conjunto de insinuaciones desestructuradas» y un «compendio de generalidades y vaguedades» sin concretar qué resolución administrativa o acto prevaricador cometió.
El letrado lamentó no saber si debe defender a su cliente de «prevaricación activa u omisiva» porque «se sostiene al mismo tiempo que los acusados tuvieron un papel activo en el diseño del sistema de ayudas y que no hicieron nada cuando supieron que terceros habían diseñado el sistema».
Igualmente, criticó que las acusaciones hablen de un sistema «opaco pero al mismo tiempo digan que lo conocían todos», al acudir a la figura de una «pirámide invertida» en la que la cúspide es el director general de Trabajo que daba las ayudas por encima del cual, todos sus superiores jerárquicos conocían todo lo relacionado con las mismas.
Martínez-Fresneda incidió en la falta de competencias decisorias de la reunión de viceconsejeros que presidía Zarrías en relación a las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida de los ERE para limitarse a elevarlas al Consejo de Gobierno en un mero acto de tramitación.
Igualmente subrayó que por estos «consejillos» no pasó el convenio de marzo del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública Idea «que parece ser la clave del arco de esta historia» para pagar las ayudas a través de un ente instrumental y con ello eludir la fiscalización previa, según el fiscal y las acusaciones.
El abogado criticó el «empeño» de las acusaciones en que «todos conocían el convenio porque es el documento que explica el modo de trabajo y las acusaciones necesitan demostrar que todos lo conocían, lo cual no es cierto».
La defensa de Zarrías afirmó rotundamente que el exconsejero de Presidencia «no tuvo absolutamente nada que ver con la concesión de ayudas a ninguna empresa».
En su parte final, el letrado de Zarrías arremetió contra el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al recordar que en la comisión parlamentaria de investigación, bajo juramento, repitió «una y otra vez de forma cansina» que «nunca» vio indicios de fraude o menoscabo de fondos públicos pero «la condición de imputado, sobre todo por las personas que tienen un alto concepto de sí mismo, nos hace orientar nuestras manifestaciones de otra forma».