Es hora de hablar de justicia
Inmersos en el fragor de la campaña de unas elecciones generales, los candidatos de todos los signos políticos se muestran ávidos en realizar propuestas, propósitos o protestas —según los casos y las posibilidades reales de gobernar de cada uno— para dibujar una sociedad en la que pretenden hacer lo que ellos mismos o sus oponentes no hicieron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno.
Rara vez en el discurso de los candidatos, escuchamos alusiones que afectan a la Administración de Justicia, como si la Justicia fuera una cuestión ajena a la ciudadanía y no repercutiera en los problemas cotidianos de los electores; y ello pese a no ser pocas las voces que se alzan -concretamente desde la Abogacía- a favor de un Pacto de Estado por la Justicia, que siente los pilares básicos, con el consenso de todas las sensibilidades políticas, que vaya más allá de los vaivenes propios de la alternancia en el poder y garantice de manera estable una justicia moderna, ágil, de calidad y que goce de la confianza de los ciudadanos; una realidad que, gobierne quien gobierne, solo será posible con una mayor inversión en medios personales y materiales.
Se hace necesario resolver de una vez por todas la cuestión relativa a la elección de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, que garantice la plena independencia, pero siempre respetando su condición de Poder del Estado como establece nuestra Constitución; urge también articular de manera eficaz el engranaje que constituye la amalgama competencial entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas, que en no pocas ocasiones restan eficacia a la gestión de la Administración de Justicia.
Los ciudadanos necesitamos una justicia ágil, pero sin merma en la calidad de las resoluciones judiciales.
Y en ese Pacto por la Justicia deberá tener un reconocimiento y atención especial la Justicia Gratuita y el trabajo de la Abogacía de Oficio que son los verdaderos garantes del acceso a la justicia y del derecho de defensa para todos los ciudadanos, según el mandato constitucional. Qué duda cabe que después de más de veinte años se impone una revisión normativa que atienda a verdaderas razones económicas para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, asegurando una compensación digna y justa para los profesionales y que remunere todas sus intervenciones, con equiparación retributiva en todo el territorio del Estado.
Es hora, también, de revisar aquellas normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico y la necesidad de adaptarlas a nuevos tiempos y nuevas realidades; en 2019 continúan vigentes normas que afectan muy directamente a los ciudadanos y a los procedimientos judiciales,? que datan del siglo XIX, siendo cada vez más urgente, por otro lado, la aprobación de una Ley Orgánica que regule el Derecho de Defensa, como garantía para los profesionales y los ciudadanos
Igualmente se imponen modificaciones legislativas en el ámbito del proceso que permitan la conciliación de la vida personal y familiar con criterios de igualdad, regulando normativamente la suspensión de señalamientos y procedimientos por razón de maternidad, paternidad, enfermedad u otras circunstancias personales de los profesionales que hoy no se encuentran normativamente previstas y ocasionan importantísimos problemas tanto para los profesionales como para los justiciables.
Solo desde el diálogo y el consenso se hará realidad el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial verdaderamente efectiva como garantiza nuestra constitución.