Una JEC dividida impide a Puigdemont ser candidato a las europeas del 26-M
Los problemas se le acumulan a Carles Puigdemont. No solo por el resultado electoral del domingo en las generales, que debilita su liderazgo y la posición de su partido respecto a Esquerra Republicana, sino porque no podrá presentarse a las elecciones europeas de mayo, donde tenía previsto desplegar su estrategia de desafío al Estado.
La Junta Electoral Central le cerró ayer el paso y decidió excluirle de las listas de JxCat. No solo al expresidente de la Generalitat. También a Clara Ponsatí y a Toni Comín, que acompañaban al dirigente nacionalista en la candidatura al Parlamento Europeo. Puigdemont, Comín y Ponsatí ocupaban los puestos uno, dos y tres de la lista, respectivamente, pero según los criterios de la Junta Electoral «no reúnen la condición de electores».
El organismo adoptó su decisión con el voto particular en contra del presidente, la vicepresidenta y dos de los vocales. A su juicio, la «situación de rebeldía penal no está incluida como causa de inelegibilidad». La Junta Electoral argumentó el veto a Puigdemont en que hace meses que lleva fuera del territorio español para «evadir la acción de la justicia». «No puede ser elector quien no es residente», afirmó. A su entender, el expresidente y los exconsejeros están «extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la justicia». «No pueden tener la calidad de electores aquellos que tienen limitados sus derechos políticos y que voluntariamente se han situado en una posición -procesados y en situación de rebeldía- insalvable para el acceso a la candidatura», concluye la decisión de la Junta Electoral.
Dos días después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros de su gobierno decidieron abandonar España y se instalaron en Bruselas (Ponsatí lo hizo con posterioridad en Escocia). Más tarde, Puigdemont fue detenido y encarcelado en Alemania aunque pudo eludir la petición de extradición cursada por el juez Llarena.
PP y Ciudadanos impugnaron las candidaturas de Puigdemont y sus exconsejeros por su condición de personas procesadas por el Tribunal Supremo. Están en «situación de rebeldía procesal penal», según el escrito que presentó el PP. De acuerdo a la ley electoral, los tres candidatos disponen de un plazo de dos días para interponer un recurso ante el Juzgado de lo contencioso administrativo.