El Tribunal Superior de Cataluña enjuicia a Torra por los lazos amarillos
El president, aunque reconoció que desobedeció a la Junta Electoral, intenta evitar el banquillo.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que sentarse en el banquillo. SUSANNA SÁEZ
cristian reino | barcelona
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los lazos amarillos. El juez que instruye la causa penal contra el presidente de la Generalitat dictó ayer apertura de juicio oral contra el jefe del Ejecutivo catalán para juzgarle por un «delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente». El instructor no ordenó medidas cautelares.
Torra será juzgado por no haber retirado en el plazo dado por la Junta Electoral Central las pancartas a favor de los presos del ‘procés’, las ‘estelades’ y los lazos amarillos que colgaban de los edificios del Gobierno catalán. Tras una denuncia de Ciudadanos, el organismo que vela por los procesos electorales estableció que en campaña los poderes públicos tienen que tratar de mantener la neutralidad y evitar simbología partidista.
En consecuencia, emitió una orden a todas las instituciones públicas catalanas para que retiraran la simbología que pudiera no ser neutral. Ada Colau descolgó el lazo amarillo que había en la fachada del Ayuntamiento, mientras que Torra se negó. El presidente de la Generalitat desobedeció, y así lo ha reconocido, dos acuerdos de la Junta Electoral de 11 y 18 de marzo. El 21 de marzo hubo una tercera orden, y esa sí fue atendida por el presidente de la Generalitat porque incluía una petición a los Mossos para que hicieran cumplir la orden. Torra quiso evitar la imagen de los Mossos retirando lazos amarillos y pancartas.
Colocar un lazo amarillo en el Palau fue la primera medida que adoptó Torra en cuanto fue investido presidente catalán en mayo de 2018. Ahora se enfrenta a una pena de 20 meses de inhabilitación para ejercer como cargo público, según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía esta semana. Para el Ministerio Público, no hay dudas, «desatendió abiertamente» las órdenes de la Junta Electoral.
Si es sancionado, sería el segundo presidente catalán condenado como consecuencia del proceso secesionista. Artur Mas, inhabilitado durante un año por el Tribunal Supremo por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Su pena concluye en febrero de 2020. Además, Carles Puigdemont está procesado por un delito de rebelión por el 1-O y el 27-O de 2017, la misma acusación por la que esperan sentencia los miembros del Ejecutivo catalán que no huyeron junto al expresidente.
El presidente de la Generalitat declaró el 15 de mayo ante el juez instructor y admitió la desobediencia. Dijo que no retiró la pancarta porque defendía la libertad de expresión. «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía», aseguró. También adujo que la orden de la Junta Electoral era ilegal y que no era un órgano competente. Desde que fue imputado, ha expresado en varias ocasiones que lo volvería a hacer.
Pero a pesar de esa aparente firmeza soberanista, Torra no quiere sentarse en el banquillo de los acusados y tratará de evitar ese trago. Los abogados del president anunciaron que presentarán el 19 de julio un recurso de apelación.