Junqueras: de la excarcelación a la anulación de su inmunidad
Tras el histórico juicio del ‘procés’, el Tribunal Supremo afronta ahora la papeleta de decidir sobre el futuro del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Los siete magistrados, con Manuel Marchena a la cabeza, deben dar una respuesta sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que resolvió que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya adquirió la inmunidad que le confiere ser eurodiputado desde el momento en que resultó electo. En sus manos está decidir si permiten que Junqueras acuda a la Junta Electoral Central a acatar la Constitución y después recoger el acta ante el Parlamento Europeo, si aceptan sólo el primer paso, si le dejan en libertad o si simplemente permiten su traslado, escoltado por la Policía, o si rechazan todas las opciones.
De momento, el alto tribunal sigue esperando a que lleguen las alegaciones de todas las partes personadas en la causa que condenó a prisión a los líderes independentistas por el referéndum y la declaración ilegal de independencia de 2017. Solo falta el escrito de la Abogacía del Estado, que tiene de plazo hasta el 2 de enero pero podría presentarlo hoy, según apuntan en la Moncloa. Un informe que desde Esquerra se espera con ansiedad porque confían ver en él el «gesto» que reclaman para apoyar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez.
Cuando en junio fue preguntado si Junqueras debería acudir a la Junta Electoral Central para cumplir el trámite constitucional, los servicios jurídicos apoyaron su salida puntual aunque rechazaron que fuera a Bruselas a la Eurocámara. Ahora tratan de ver cómo se compagina el derecho del dirigente republicano a recibir el acta de eurodiputado y, a la vez, que no se deje sin efecto la condena de trece años de inhabilitación que le impuso el Supremo, junto a otros tantos de prisión, por su participación en todo lo relacionado con el ‘procés’.
A la espera de saber cuál es el criterio de la Abogacía del Estado y las consecuencias que deriven en el plano político, la Fiscalía y Vox, como acusación popular, piden mantener la inhabilitación de Junqueras, y la defensa, anular la condena. Tres horas tardó el Ministerio Público en responder al fallo de Luxemburgo. La Fiscalía defiende que el líder de Esquerra debe seguir preso porque fue condenado en firme a trece años de prisión y a otros tantos de inhabilitación.