Sánchez recula y Torra le avisa de que irá a la cita a negociar un referéndum y la amnistía

La distancia política entre Pedro Sánchez y Quim Torra será tan grande el próximo 6 de febrero como la que hay entre querer hablar de las consecuencias del temporal Gloria o negociar el ejercicio de la autodeterminación.

Desde la Moncloa trasladaron ayer que los dos presidentes únicamente abordarán las cuestiones urgentes del día a día. Sin embargo, Torra respondió que los asuntos que pondrá sobre la mesa serán el referéndum de independencia, la amnistía para los presos del procés y el fin de la represión, como en sus dos citas previas. «Estamos convencidos de que el presidente Sánchez no cerrará ninguna puerta al diálogo en este encuentro ni excluirá ningún contenido», apuntaron desde el Palau de la Generalitat en un comunicado.

El Ejecutivo catalán recordó al Gobierno central su voluntad de abordar las cuestiones de fondo del «conflicto político entre Cataluña y España» y que la reunión de los dos presidentes debe servir para «encauzar la mesa de negociación».

El jefe del Ejecutivo catalán plantea una reunión con posiciones de máximos, lo que en estos momentos es una petición más bien de cara a la galería y que dinamita la posibilidad de que se abra un diálogo porque el propio Torra ha dado por liquidada la legislatura catalana tras el enfrentamiento entre JxCat y ERC.

En el entorno del president pidieron días atrás que infligiera un duro castigo a los republicanos por su «deslealtad», como la decapitación política de su vicepresidente, Pere Aragonès. Torra evitó la guerra sin cuartel. Pero ayer empezó a cobrarse la venganza.

El presidente de la Generalitat anunció el miércoles que convocará elecciones en cuanto la Cámara catalana apruebe los presupuestos de la Generalitat. Ayer añadió que convocará los comicios el mismo día que se validen las cuentas. Los cálculos apuntan a que ese momento puede llegar a finales de marzo o abril. En ese caso, las elecciones se convocarían en mayo o junio. Pero hasta entonces puede ocurrir de todo en el convulso escenario político catalán.

Para empezar, la Moncloa movió ayer ficha tras el adelanto electoral en Cataluña y la primera consecuencia fue aplazar el inicio de la mesa de diálogo entre gobiernos pactada entre el PSOE y ERC, aunque horas después rectificó.

Esquerra, que ya temía que el anuncio del adelanto electoral tendría consecuencias sobre la mesa de gobiernos, salió al paso con un comunicado en el que habló de «incumplimiento flagrante» y evitó las declaraciones públicas. Su queja surtió efecto porque la Moncloa reculó y aceptó reunir la mesa gubernamental antes de las elecciones catalanas.

El propio Torra ha puesto desde que se anunció su creación todos los obstáculos que pudo para que esa mesa no avance y evitar que ERC pueda colgarse alguna medalla por ello. Dejó en el aire que se pueda reunir a corto plazo.

El mediador

El líder de JxCat, en un intento de que el pacto suscrito por ERC pareciera de corto vuelo, condicionó la continuidad de la negociación a que el presidente del Gobierno se avenga a aceptar la figura de un mediador en ese foro bilateral. Una exigencia que ya hizo encallar las convesaciones hace un año, tras la declaración de Pedralbes.

PSOE y ERC pactaron en su acuerdo para la investidura de Sánchez que la mesa debía arrancar 15 días después de la formación del Gobierno central. Pero no se ha constituido porque Torra quiso liderar la negociación y dijo que el inicio de ese diálogo lo debían fijar los dos presidentes en una reunión previa. Su intención es que sea el jueves, pero la Moncloa tiene otros planes.