Sánchez se tropieza con una compleja agenda territorial más allá de Cataluña
El estallido agrario y las protestas por el IVA de 2017 anticipan un mandato con más frentes de los previstos
Pedro Sánchez reunió ayer a todo su gobierno en la finca estatal de Quintos de Mora, en Toledo.
Los gestos para aplacar al secesionismo catalán y las propuestas destinadas a contentar a Esquerra Republicana, socio fundamental para el Gobierno, no bastarán a Pedro Sánchez para garantizar la estabilidad de la legislatura.
«Está muy bien que pretenda reunirse ahora con todos los presidentes autonómicos, pero ya le he advertido de que más le vale no ir con las manos vacías», apuntaba hace unos días un gobernante regional socialista. El aviso tiene miga. El jefe del Ejecutivo anunció hace unas semanas su intención de desplazarse a todas las capitales autonómicas en lo que se interpretó como un intento de camuflar su decisión de mantener el jueves un encuentro con Quim Torra en Barcelona. Ahora está obligado a llenar esas citas de contenido.
La semana pasada, el Gobierno ya descubrió la necesidad de hacer frente a un problema inesperado. La gravedad de las protestas protagonizadas por los agricultores en la localidad extremeña de Don Benito, que el pasado día 29 se saldaron con 19 heridos, hicieron saltar las voces de alarma en la Moncloa ante la posibilidad de que en los campos españoles esté germinando un movimiento similar al de los chalecos amarillos, que durante varios meses de 2018 e inicios de 2019 mantuvo en jaque al Ejecutivo de Emmanuel Macron, en Francia.
El mero hecho de que el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández-Vara, se atreviera a señalar al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, medida estrella del gabinete formado por el PSOE y Unidas Podemos, como factor determinante para el fuerte incremento del desempleo en el sector —un 6,45% en un año— resulta significativo.
El titular de Agricultura, Luis Planas, defendió el martes, que como máximo sería un elemento más de una larga lista de cuestiones que hacen que, en muchos casos, los agricultores no obtengan la más mínima rentabilidad por su trabajo, pero aunque puso sobre la mesa una batería de propuestas para intentar atajar el problema a medio y largo plazo, renunció a reclamar la suspensión de las manifestaciones que estos días han tenido lugar en distintos puntos de España, incluso frente a su departamento.
Sánchez es, a decir de sus interlocutores, consciente de que no puede pasar este tema por alto y ha encargado a sus ministros —a los que ayer reunió en la finca estatal de Quintos de Mora, en Toledo— una agenda rural.
La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, ya apuntó ayer en esa dirección durante la inauguración del Congreso del PSC de las Comarcas de Girona.
«Hay que terminar con un conflicto territorial que va más allá de la situación catalana —admitió—. Hay que terminar con las dos Españas y sus dos velocidades».
La cuestión formó parte sin duda de la particular jornada de trabajo y convivencia organizada por el presidente del Gobierno para «engrasar», según fuentes oficiales, la maquinaria del Ejecutivo de coalición tras un primer mes rodaje.
Un mes en el que, curiosamente, ha habido más sobresaltos protagonizados por los experimentados socialistas —el episodio de José Luis Abalos con la número dos del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sería el epítome de todos ellos— que por los ministros novatos de la formación liderada por Pablo Iglesias. Equilibrio presupuestario En el orden del día estuvieron, de hecho, «la planificación de la agenda legislativa del primer trimestre del año, el contexto económico y la estabilidad presupuestaria». Sobre esta última cuestión ya trató el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autonómas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.