El Colegio de Abogados de León lo cree innecesario: «Ocasionará distorsiones»
El Colegio de Abogados de León, en consonancia con el comunicado emitido por el Pleno extraordinario del Consejo General de la Abogacía Española, destaca el compromiso de la Abogacía ante la difícil situación que vive nuestra sociedad derivada de los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid19.
«La abogacía viene demostrando una vez más, su naturaleza de servicio esencial para la ciudadanía, aun en situaciones de extrema dificultad, garantizando, de manera especial durante el estado de alarma, el derecho a la defensa y la asistencia jurídica a detenidos y víctimas en todos los partidos judiciales de la provincia y procurando la adopción de las medidas necesarias para que su actuación se desarrolle con la máxima seguridad para la salud de los profesionales y ciudadanos», dice el Colegio de Abogados en una nota.
«Del mismo modo, y a través del Consejo General de la Abogacía Española, viene contribuyendo y participando activamente, en coordinación con el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y demás operadores jurídicos en buscar las soluciones más adecuadas y efectivas para un mejor funcionamiento de la administración de justicia, y con ello del Estado de Derecho una vez finalizado el estado de alarma», explica.
Sin embargo, muestra su más absoluto rechazo «a la previsible decisión del Ministerio de Justicia, que pretende declarar la habilitación procesal, en todo o en parte, del mes de agosto, para todas las actuaciones judiciales para compensar la inactividad judicial durante el periodo del estado de alarma».
Desde la Abogacía Española y desde el Colegio de Abogados de León se considera dicha medida «totalmente ineficaz a los fines que pretende, pues lejos de asegurar la continuidad de la actividad judicial, ocasionará una mayor distorsión al coincidir tanto en el mes de agosto como en los meses anteriores y posteriores, con el descanso vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de Justicia y personal de la administración de Justicia».