El Gobierno prepara cambios legales para invertir todos los fondos de la UE

España afronta un desafío como ninguno en su historia reciente: la gestión de los 140.000 millones de euros que en los próximos seis años llegarán de Bruselas en forma de transferencias y préstamos. Se trata de una inyección espectacular que engordará el presupuesto público en los sucesivos ejercicios. Para hacernos una idea de la magnitud de las ayudas, en el último año, toda la inversión del Estado rondó los 25.000 millones. Puede parecer que de los nuevos recursos sólo se derivarán ventajas, pero lo cierto es que lograr gastarlos no será fácil. Es lo que se deduce de la ejecución de los fondos que recibió España del anterior sexenio presupuestario europeo que se extendía entre 2014 y 2020: el país sólo ha gastado el 34% de los más de sus 56.000 millones.

El grueso de ese dinero está comprometido, alrededor de un 80%, y no se prevé que haya que devolver ninguna cantidad del total por no haber sabido a qué proyectos destinar los recursos. Pero Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, pone de relieve que España presenta cifras de ejecución y compromiso de los fondos estructurales más bajas que otros países europeos. Por tanto, la fundación de las antiguas cajas de ahorro advierte de que «sin mejoras organizativas ni reformas de los procesos, seguimiento y ejecución de los proyectos, España sólo podrá atraer una parte de los fondos disponibles para 2021-2027».

Funcas alerta del riesgo de que el país no sea capaz de ser lo suficientemente ágil para gastar el dinero que le corresponde y que es esencial no sólo para apoyar la recuperación tras la pandemia, sino para darle la vuelta al sistema productivo y dirigirlo hacia los sectores más punteros, con más potencial y que tengan la capacidad de proporcionar empleos de mayor calidad y de sostener el Estado de Bienestar.

El Gobierno tiene que enviar a Bruselas en octubre un borrador de su plan nacional de recuperación y a principios de 2021 el desarrollo concreto del programa, algo que el Ejecutivo afirma que va a cumplir en tiempo y forma.

Además, el país se someterá a periódicas evaluaciones. Como recuerda Cándido Pérez, socio responsable de infraestructuras, gobierno y sanidad en KPMG, el gran desafío inmediato está en que para fines de 2022, un 70% del total de los proyectos tienen que estar comprometidos. Es, tras los más inmediatos de los próximos meses, el gran examen al que se enfrentará España.

Proyectos y cambios legales Pérez considera que sería inteligente que, entre los proyectos existentes, ya en marcha, o sobre los que ya haya trabajo adelantado, los más alineados con la agenda comunitaria para los próximos años -por estar orientados a la digitalización o a la transición ecológica, o por tener el foco en la sanidad, la educación o la cohesión territorial y social- deberían formar parte de la nómina de los que se presenten a Bruselas.

Aunque con eso no será suficiente. El volumen de inversiones a efectuar es descomunal. Un obstáculo que habrá de saltar será la existencia actual de ‘cuellos de botella’ en la gestión y el desarrollo de proyectos. Para lograr esa ‘descongestión’, se están considerando opciones que pasan por cambios legislativos. Es algo en lo que incide Silvia Lacarra, consultora estratégica de PwC, quien explica: «Se está pensando en agilizar todos los procesos, en el diseño de un mecanismo ágil; porque lo que no puede pasar es no poder gastar los recursos».

Lacarra precisa que «uno de los ángulos» para hacer más flexible la inversión pública pasa por el cambio de la ley que rige la contratación del sector público.

Para abordar todo este desafío, el país tendrá que superar la fragmentación y la polarización políticas y pasar leyes en el Congreso. Lacarra confía en que se superen diferencias. Porque insiste: «El riesgo es no gastar los recursos».