La Fiscalía del Estado prepara la solicitud de ilegalización de Batasuna

Horas después de que el presidente del Gobierno pronunciara llorca un elocuente «hasta aquí hemos llegado» y calificara de «basura y chulos» a los militantes de Batasuna, el Ejecutivo puso en marcha las tres vías que la Ley de Partidos contempla para avanzar hacia la ilegalización de la formación independentista radical vasca con el mayor consenso posible. Tres caminos que, como certificó en Ceuta el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, es «conveniente» activar porque «no son en absoluto excluyentes, sino complementarios». El Ministerio de Justicia que lidera el José María Michavila se convirtió en la mañana de ayer en el epicentro de las gestiones encaminadas a promover con celeridad la ilegalización de Batasuna y a hacerlo, además, con el mayor consenso posible. Tras comprobar que esta formación no condenó en los ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, Rentería, Irún y Portugalete el atentado de ETA, Justicia se puso manos a la obra y elaboró un expediente con carácter de urgencia. A primera hora de la mañana de ayer, Michavila remitió a la Fiscalía General del Estado todo el material acumulado desde que la Ley de Partidos entró en vigor, el pasado 27 de junio, con el fin de que la institución analice si puede instar al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. Sin demora, Cardenal ordenó que comenzasen los «estudios preparatorios» para la presentación de una demanda para ilegalizar al brazo político de ETA, iniciativa asumida «sin perjuicio de que el Gobierno ejerza a su vez esta facultad al amparo de la ley». Elementos de prueba La Fiscalía recaba con urgencia todos «elementos de prueba» para tratar de demostrar que Batasuna ha vulnerado de forma «repetida y acumulada» supuestos de ilegalización recogidos en la Ley de Partidos, como justificar o exculpar atentados contra la vida o la libertad, fomentar la violencia para propiciar fines políticos o apoyar de manera pública a grupos terroristas. Gracias a la documentación recibida desde Justicia, los servicios técnicos de la Fiscalía del Estado estudian «en profundidad» -según una nota hecha pública por la institución- todas las actuaciones públicas de los dirigentes de Batasuna posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos, el pasado 27 de junio, «para comprobar si entran en colisión» con el articulado de esa norma. También ayer, el Gobierno inició los contactos con las formaciones políticas que apoyaron la Ley de Partidos en el Parlamento para informarles de que el proceso para la ilegalización de Batasuna está en marcha. Así, el vicepresidente primero y ministro Portavoz, Mariano Rajoy, conversó con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Michavila habló con el portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias, y con Coalición Canaria. Todos ellos se mostraron partidarios de buscar la disolución de Batasuna, aunque advirtieron a sus interlocutores gubernamentales sobre la conveniencia de mover ficha sin precipitación, de manera prudente y con las máximas garantías jurídicas.