Pujol reclama el traspaso de 88 competencias y Arenas se ofrece a estudiar la petición catalana
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, mantuvieron su primera reunión en la que el gobernante catalán pidió al Gobierno central que traspase las 88 competencias pendientes que, a su juicio, contempla el Estatuto de Autonomía y aún no se han cedido. El representante del Ejecutivo central no contrajo ningún compromiso y se limitó a ofrecer el estudio de las demandas. Durante el encuentro, que ambos políticos calificaron de cordial y franco, no se concretó ningún tipo de acuerdo. Más bien, se pusieron de manifiesto las discrepancias que existen entre ambos gobiernos al constatarse que tienen conceptos de Cataluña y España muy diferentes a fecha de hoy. Pujol insistió ante el Gobierno central para que acepte el traspaso de las 88 transferencias pendientes. Esta reclamación, que ya tiene varios meses de vigencia, fue recibida con cordialidad por Arenas, quien se comprometió a examinar las peticiones. «He quedado comprometido en estudiar a fondo las cuestiones que se han planteado, algunas creo que pueden plantearse y otras son dignas de un mayor estudio. Insisto en que hemos hablado de las competencias dentro del marco del Estatuto y de la Constitución», explicó Arenas. Pujol manifestó que las demandas sólo obedecen a la necesidad de que el Gobierno cumpla con las transferencias pendientes y negó que le falte sentido de Estado. «Nuestra preocupación por la evolución autonómica no significa que nos falte sentido de Estado, quizá ahora surge esta preocupación porque hay algo que la justifica», afirmó el presidente de la Generalitat. Pujol y Arenas fueron muy escuetos en sus declaraciones y no dejaron que los periodistas realizaran cualquier tipo de pregunta. Las manifestaciones de ambos políticos fueron las únicas informaciones que trascendieron de una reunión, a la que también asistieron el «conseller en cap», Artur Mas; la consejera de Gobernación, Nuria de Gispert, y la delegada del Gobierno en Barcelona, Julia García Valdecasas.