El pacto de Ibarretxe

El programa electoral del PNV era claramente «soberanista», y por ello no puede extrañar que, en el Pleno sobre Política General celebrado este viernes en el Parlamento vasco, el lendakari planteara una propuesta coherente con aquella actitud, que se manifestaba por primera vez de manera tan explícita y notoria. Pese a algunos gestos (el abrupto ultimátum al Gobierno planteado en julio) que hacían temer que el PNV estaba disponiéndose a provocar una ruptura institucional de imprevisibles consecuencias, otros indicios posteriores confirmaban que el lendakari optaría por la vía reformista. Porque, aunque es preciso reconocer que Ibarretxe desea transitar por la «vía procedimental contemplada en las normas estatutarias y constitucionales vigentes», es muy dudoso que este tránsito sea en realidad posible. La propuesta en cuestión consiste en un «nuevo pacto político para la convivencia, basado en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la libre asociación a un estado plurinacional», con el objetivo de lograr la «soberanía compartida». Ciertamente, no nos debemos dejar cegar por las palabras ni por los conceptos, ya que a la hora de las verdad las leyes no juzgan ni prejuzgan intenciones. Pero es dudoso que cuanto emane de esta filosofía política pueda tener encaje en nuestro ordenamiento y resultar aceptable por los grandes partidos. En el artículo primero, apartado segundo, de la Constitución, se escribe literalmente: «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». La soberanía es, pues, única e indivisible, y ningún Estado del mundo aceptaría reconocer la «soberanía» de una parte de su territorio para después pactar con él una «asociación voluntaria». Y, con toda probabilidad, ningún hermeneuta llegaría a la conclusión de que las disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto de Autonomía vigente, que reconocen para el pueblo vasco los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, permiten interpretar de otro modo aquel tajante precepto constitucional. La propuesta de Ibarretxe, que ya retuerce en estos aspectos la Constitución hasta más allá de lo posible, no se detiene sin embargo en tales postulados teóricos sino que reclama otras demandas que son todavía más difíciles de atender puesto que contravienen otros preceptos constitucionales mucho más explícitos y menos interpretables: el lendakari quiere el reconocimiento de la capacidad plena para convocar un referéndum; el reconocimiento de la nacionalidad vasca a efectos políticos, jurídicos y administrativos; la configuración de un poder judicial autónomo en el que se agoten todas las instancias judiciales en Euskadi; la presencia vasca directa en las instituciones europeas, etc. En lo tocante a las transferencias pendientes, se dispone a asumir algunas competencias no transferidas, lo que augura un complejo conflicto institucional. Tiene además la propuesta de Ibarretxe un inconveniente práctico añadido: el de parecer ignorar que unas demandas tan extremadas no podrían en modo alguno colmarse por las vías tasadas en la Constitución y el Estatuto. Es obvio que al amparo de tales normas fundamentales no se pueden promulgar leyes que desvirtúen la legalidad originaria. Y ni siquiera los legisladores podrían, aunque quisieran, aprobar un Estatuto de Autonomía que fuese contra la propia letra de la Carta Magna. En definitiva, Ibarretxe propone un imposible, aunque con la virtud, nada desdeñable, de hacerlo civilizadamente.