Hacienda no cierra su investigación al rey emérito
Juan Carlos de Borbón planea regresar a España en cuanto la Fiscalía archive el caso
El Gobierno avisó ayer de que una cosa es la investigación que mantiene abierta la Agencia Tributaria sobre las dos regularizaciones fiscales del rey emérito y otra la presumible decisión de la Fiscalía de archivar sus tres investigaciones sobre sus actividades financieras. El mensaje lo lanzó la ministra de Hacienda porque, dejó caer, se han sacado muchas conclusiones erróneas sobre el futuro judicial de Juan Carlos de Borbón.
María Jesús Montero precisó que no se refería al caso de ningún ciudadano en particular porque no puede hacerlo debido a su condición de máxima responsable de Hacienda. Explicó que hacía un reflexión a «nivel general» sin referirse a «ningún expediente concreto ni a ninguna persona concreta».
Hecho este preámbulo, dijo que «se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes» abiertos por la Agencia Tributaria al exjefe del Estado.
Esa investigación, aclaró María Jesús Montero, no se cierra por lo que pueda decidir la Fiscalía del Tribunal Supremo, que al parecer va a archivar sus pesquisas. «Una cuestión —prosiguió la ministra— es el auxilio judicial (que prestó la Agencia Tributaria a la Fiscalía) y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz».
Montero precisó que son dos investigaciones distintas y tienen «otro ritmo. Y, por tanto, no necesariamente ambos ritmos coinciden». Y aunque no lo dijo, no tienen por qué llegar a las mismas conclusiones.
La Agencia Tributaria se limitó a auxiliar a la Fiscalía en su petición de informaciones sobre las regularizaciones del rey emérito. Si el Ministerio Público llega a la conclusión de que no hay nada irregular, que es lo que se deduce si cierra la investigación, no implica que Hacienda tenga que suscribir su criterio. La investigación en la Agencia Tributaria prosigue y todavía no hay un resultado definitivo sobre si las regularizaciones fueron veraces, espontáneas y completas, los tres requisitos que establece la ley para que sean correctas.
Horizonte sin despejar
El horizonte fiscal de Juan Carlos de Borbón, por tanto, está lejos de despejarse pues cabe la posibilidad de que la Agencia Tributaria considere que hay indicios de delito en su conducta aunque la Fiscalía haya dado carpetazo penal al asunto.
El exjefe del Estado pagó en diciembre a Hacienda 678.393 euros por gastos con tarjetas de crédito financiadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para compras privadas suyas y de su familia. Dos meses después, desembolsó 4,4 millones de euros por los viajes sufragados por la fundación Zagatka de su primo Alvaro de Orleans.
Hizo ambas regularizaciones después de que la Fiscalía del Supremo informara a su abogado de la existencia de investigaciones sobre esos gastos. Un aviso que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, pondría en duda la espontaneidad de las regularizaciones. Si la Agencia Tributaria concluye en su investigación que no se ajustaron a la ley puede presentar una denuncia ante los tribunales por delito fiscal u otro tipo penal.
El exjefe del Estado planea regresar a España una vez que la Fiscalía del Supremo cierre la investigación sobre sus actividades financieras.