El Gobierno regula por primera vez el derecho de Defensa y lo equipara a la UE
El anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, consagra por vez primera en una norma el conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos antes los tribunales y las administraciones, así como en los procedimientos de solución de controversias.
Con la aprobación de este anteproyecto, el Ministerio de Justicia pretende conseguir que las personas conozcan el alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, este derecho fundamental contaba actualmente con una regulación «escasa y fragmentada» y con el impulso de este anteproyecto «aunaremos en un único cuerpo legal todos los aspectos, incorporando las modificaciones más oportunas a la luz de la jurisprudencia y el ejercicio diario de la abogacía».
La norma será pionera en Europa, ya que no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa, un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, en el ámbito internacional, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El contenido del texto se divide en dos aspectos fundamentales: por un lado, las implicaciones que el derecho de defensa tiene para toda la ciudadanía; y, por otro, el régimen de garantías y deberes de los profesionales de la abogacía y demás garantías institucionales. También prevé Servicios de Orientación Jurídica colegiales.