El CGPJ elige a Mozo presidente interino y provoca una bicefalia en el Poder Judicial
El CGPJ acordó ayer designar a su vocal de mayor edad, Rafael Mozo, como su presidente interino, tras la dimisión de Carlos Lesmes, lo que supone ‘de facto’ que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido, ya que el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la Presidencia del Tribunal Supremo (TS) desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva.
La votación salió adelante con una amplia mayoría, 16 de votos a favor y solo uno en contra —el del vocal Wenceslao Olea—, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó.
Mozo, que llegó al CGPJ a propuesta del PSOE, ingresó en la carrera judicial en 1985. Tuvo varios destinos hasta que en 1998 aterrizó en la Audiencia Provincial de Madrid. Desde 2018 tiene su plaza como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Convocado por el propio Lesmes con el objetivo de que los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial dieran cuenta del estado de las negociaciones para nombrar a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) —tras su tercera reunión fallida— lo cierto es que el Pleno de ayer ha estado dominado por la cuestión sucesoria.
La posible bicefalia se vislumbraba desde que el Gabinete Técnico del TS emitió el informe encargado por Lesmes para ir preparando su sustitución, después de que durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, avisara de que, si no había avances tangibles en las conversaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, dimitiría en «semanas».
Los expertos del Supremo fijaron que Lesmes debía ser reemplazado por una sola persona en los dos cargos que ejercía: presidente del CGPJ y del TS. Y apuntó a Marín Castán por ser el vicepresidente del alto tribunal, cargo que ejerce en funciones desde hace casi tres años, cuando el magistrado Angel Juanes abandonó el puesto por llegar a la edad de jubilación.
Fuentes del CGPJ y del TS advierten de que esta bicefalia podría propiciar un conflicto judicial que se dirimiría en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.