Los beneficiados: Griñán, Púnica, Urdangarín, Matas, Correa, Zaplana
La eventual modificación del delito de malversación de caudales públicos obligaría a revisar la situación de 40 reclusos que cumplen penas de prisión por este delito o los 49 castigados en firme por este tipo penal solo en lo que va de 2022, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Además, la Fiscalía debería examinar los 68 escritos de acusación que ha presentado entre 2019 y 2021, por ejemplo, en los que se incluye la imputación de malversación a personas físicas.
En el capítulo de beneficiarios estaría el exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, que una vez anulada la pena de prisión por el indulto mantiene la inhabilitación de 13 años. El tribunal fijó hasta el 5 de julio de 2031 la imposibilidad de ser elegido para un cargo público. Pero de rebajarse el delito de malversación, vería reducida su inhabilitación entre tres y nueve años, abriendo la puerta a que pudiese concurrir a los comicios catalanes de 2025.
Otro afectado sería el expresidente andaluz Jose Antonio Griñán y el resto de condenados a prisión por malversación en la pieza política de los ERE.
El presidente Pedro Sánchez ya abonó además el terreno del indulto haciendo hincapié en que no hubo enriquecimiento de Griñán, condenado a seis años de cárcel.
También se podrían beneficiar el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Toni Comín, Clara Posatí y Lluís Puig. Afrontarían un juicio por los delitos de desórdenes públicos agravados y malversación, por lo que su situación judicial quedaría más aliviada. Algunos de los condenados por el caso Noos podrían verse agraciados con la medida, incluido Iñaki Urdangarin, sobre quien pesa una condena de cinco años y diez meses de prisión, y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta. También fue condenado solo por malversación el expresidente de Baleares y exministro del PP Jaume Matas: tres años y ocho meses de cárcel.
También se trata de un delito relevante en macrocausas como Púnica, Lezo o Erial en Valencia, que afecta al exministro popular Eduardo Zaplana. Este cambio legal podría afectar a los acusados que serán juzgados a partir del 24 de mayo de 2023 en el primer juicio de esta causa que afecta a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.
Entre los acusados que podrían verse beneficiados se encuentran los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid, presidente regional y ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.