Asociaciones de guardias civiles reafirman su deber de «defender a España»
Reacción del colectivo ante las amenazas del ministro Marlaska
Marlaska, en un evento de la Guardia Civil, en fechas recientes. EFE
Las asociaciones de la Guardia Civil se unen al órdago a Marlaska contra la amnistía: «Mi deber es defender a España». Interior ordenó el viernes expedientar a un colectivo por atacar la medida y prometer «derramar su sangre» por defender el orden de la Constitución. Órdago de las principales asociaciones de la Guardia Civil a Fernando Grande-Marlaska. Solo horas después de que el Ministerio del Interior ordenara una investigación para expedientar a los responsables de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) por un comunicado en el que, a cuenta del acuerdo entre el PSOE y Junts, aseguran estar «dispuestos a derramar la última gota» de su «sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional», las principales de asociaciones profesionales del instituto armado se han unido al desafío. Y todas ellas han firmado un manifiesto en línea muy parecida y en el que critican sin ambages la amnistía que promueve el PSOE para atar la investidura de Pedro Sánchez.
La investigación que ha instado el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marco — y que llegado el caso podría derivar en un expediente por infracciones disciplinarias, o incluso a la imputación de un delito— es por «grave incumplimiento del deber de neutralidad política y otras obligaciones básicas». A ese mismo cargo podrían enfrentarse ahora los cinco colectivos mayoritarios y con representación en el cuerpo que firman el manifiesto de este sábado: Jucil, Ases-G, Aegc, Unidad de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos.
Las cinco asociaciones profesionales, en unidad de acción, recuerdan en su manifiesto que el punto 2 del Decálogo de la Guardia Civil es: «mi primer deber es defender a España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes, con lealtad al Rey».
Los colectivos afirman que el acuerdo del 9 de noviembre entre el PSOE y Junts «contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación por parte del poder político sobre las actuaciones judiciales y por ende de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su calidad de Policía Judicial». Ese punto, explican, le provoca un absoluto «rechazo» porque —explican— es un «ataque a la línea de flotación de la Independencia Judicial, la cual quebranta la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de Derecho».
«Moneda de cambio» «Los guardias civiles sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno y esto tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos», apunta el comunicado, en el que los colectivos aseguran que no están «dispuestos a tolerar» que «se expulse los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña» tal y como, afirman, recogen los acuerdos «suscritos entre PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura». Unos pactos, aseguran, que «pretenden inyectar importantes cantidades económicas a las policías autonómicas» ante la «pérdida de competencias de Guardia Civil».
La escalada de enfrentamiento entre Marlaska y los colectivos de la Guardia Civil a cuenta de la amnistía comenzó el pasado octubre, cuando Interior abrió un primer expediente a Jucil, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, por «incumplimiento de la neutralidad jurídica», después de que arremetiera contra Pedro Sánchez, al que acusó de cometer «la mayor felonía» por su plan de borrado judicial de las causas del procés.