La Comisión de Ética Judicial avala las protestas de los jueces
Félix Bolaños. P.J. GANDUL
La Comisión de Ética Judicial ha avalado las concentraciones de jueces y juezas contra actuaciones políticas si consideran en peligro el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia, siempre que parta de «una reflexión profunda, serena, sincera y alejada de sesgos políticos».
Este organismo ha analizado si las concentraciones de jueces y juezas del pasado noviembre ante las sedes judiciales para mostrar su rechazo frente al acuerdo PSOE-Junts que habla del lawfare y la ley de amnistía, afectaron a los principios éticos relacionados con la independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera judicial.
La Comisión avala la asistencia de los togados siempre y cuando se dé una condición: que exista en el juez o jueza «un honesto, meditado y sincero convencimiento» de que la actuación objeto de repulsa «pueda afectar al Estado de Derecho».
Recuerda que los jueces y juezas gozan del derecho de manifestación, pero advierte de que su ejercicio se ve «limitado o afectado» por las especiales exigencias de mantener, dentro y fuera del tribunal, una conducta que «reafirme la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial» y «sin poner en entredicho la independencia, imparcialidad e integridad».
El caso afecta al principio ético 21: «Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia».
Por eso, la Comisión señala que corresponde al juez resolver este «dilema ético» mediante «una reflexión profunda, serena, sincera y alejada de sesgos políticos», para decidir si asiste para reprobar actos que, según su criterio, pudiesen atentar contra el Estado de Derecho o si, por el contrario, su decisión se deja llevar por su propia y personal sintonía o antipatía con una ideología política.
Este dictamen varía el sostenido por la Comisión en septiembre cuando dijo que «es desaconsejable desde una perspectiva ética que un juez asista a manifestaciones» si «su participación puede poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la justicia».