Los jueces deberán ejecutar una amnistía que les deja fuera de juego

Han transcurrido casi cuatro meses desde que el PSOE registrara el 13 de noviembre en el Congreso, en solitario pese a contar con el aval de todos sus socios soberanistas, la proposición de ley de amnistía llamada a ser la clave de bóveda de la legislatura de Pedro Sánchez. La formalización de la norma culminaba el giro copernicano de los socialistas, que hasta el escrutinio del 23 de julio habían repudiado ese perdón por inconstitucional, y era la guinda al pacto suscrito días antes en Bruselas con Carles Puigdemont tras una ardua y casi clandestina negociación.

El ‘bloque de la amnistía’, y en particular el Ejecutivo, confiaba en que la tramitación legislativa quedara encarrilada para poder pasar página -cada uno, la suya- cuanto antes. Pero nada ha salido como esperaban los negociadores, empezando por la sonora contestación con que se han topado entre jueces y fiscales -que serán los que tendrán que hacer efectiva la amnistía caso a caso por más que los firmantes la den por blindada- y terminando por las causas abiertas por presunto terrorismo contra Puigdemont por su vinculación con Tsunami Democràtic, primero por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y ahora por la Sala de lo Penal del Supremo; la encargada de resolver sobre el líder de Junts, aún prófugo en Waterloo, al ser aforado por su condición de eurodiputado.