La Fiscalía denuncia al novio de Ayuso por defraudar 351.000 euros a Hacienda
Afirma que la empresa de Alberto González cometió dos delitos fiscales y presentó además facturas falsas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a su llegada a la cuarta edición de los premios Héroes de Tabarnia,donde participa en un acto junto al presidente de esta plataforma, Albert Boadella.
La Fiscalía de Madrid ha denunciado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos fiscales al defraudar con su mercantil el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, en total cerca de 351.000 euros. La denuncia remitida a los juzgados ordinarios de Madrid se dirige también contra otras cuatro personas físicas y ocho personas jurídicas. Estas sociedades como responsables civiles.
El escrito de siete páginas, al que ha tenido acceso este periódico, relata como Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, radicada en Madrid y administrada por González Amador, no tributó una cuota superior a los 120.000 euros en los años 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus. En concreto, 155.000 euros en el primer ejercicio y 195.951 euros el siguiente, cuando el investigado ya salía con Díaz Ayuso.
Del mismo modo, el informe remitido por la Agencia Tributaria a la Fiscalía señala que la mercantil, al ser advertida por Hacienda en el marco de la apertura de un expediente fiscal, «entregó unas facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer». Por este motivo, y al no haber prescrito los hechos, la sección de delitos económicos del Ministerio Público les imputa además a los cinco denunciados un delito de falsedad en documento mercantil. Además de González Amador, el resto de denunciados son Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, mientras que las sociedad señaladas, además de Maxwell Cremona, son Purpura Star SL, Desarrollo de Cee el Manantial SL, Ginmosur SL, Bianconera Spa SL, Bianconera de Servicios Profesionales SL, Baluarte Desarrollo SL y Guyani LTD SL. Quirón Salud, principal cliente
Según el relato de hechos, en el periodo denunciado González Amador era el administrador único de Maxwell Cremona, dedicada a la consultoría y gestión de servicios de eficacia energética. En mayo de 2022, la Agencia Tributaria (AEAT) abrió unas diligencias para comprobar las cuentas de la sociedad «ante el incremento del volumen de negoció que experimentó» en los años 2020 y 2021, en plena pandemia. En esas pesquisas, la AEAT detectó que dicha mercantil, con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales, se dedujo «indebidamente» gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.
Los documentos
Unos documentos que fueron girados por las siete empresas anteriormente citadas. Por ejemplo, en el año 2020 se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mike Manufacturing, una firma que no realizó ningún servicio a la empresa de González Amador; en el ejercicio 2021 Maxwell Cremona se dedujo indebidamente otras facturas: el 1 de noviembre de ese año una de 922.585 euros emitida por la sociedad costarricense Gayani LTD, administrada por el querellado Maximiliano Niederer, y en el resto de meses hasta una decena más que fueron desde los 10.000 hasta los 20.000 euros. Finalmente, la denuncia recoge que en el ejercicio 2021, la sociedad de González Amador facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de una mercantil interpuesta, Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único la pareja de Díaz Ayuso. Según la Fiscalía, esta firma carece de medios materiales para prestar estos servicios, de lo que se deduce que el querellado buscó un ahorro fiscal con este entramado societario. En suma, para el Ministerio Público la tributación del Impuesto de Sociedades en estos dos ejercicios no fue veraz, ya que González Amador dejó de tributar 351.000 euros al Erario Público «de forma consciente y voluntaria». Según fuentes jurídicas, aunque la denuncia está firmada el 13 de febrero pasado no se registró en los juzgados de Madrid hasta semanas después y aún está pendiente de reparto por parte del Decanato que dirige María Jesús del Barco, a la sazón presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura