El PSOE sabe que Junts descarta una moción de censura porque le vincularía a PP y Vox
Sánchez trata contra reloj con Junts para evitar una ruptura que le ponga en jaque
Mantienen su amenaza de ruptura si la Mesa no acepta debatir una cuestión de confianza
Pedro Sánchez, a su llegada a la IX Conferencia de Embajadores de España, el martes. Javier Lizón
El Gobierno quitó ayer hierro a las advertencias de Junts sobre las consecuencias que tendrá para la legislatura un veto de la Mesa del Congreso a la proposición no de ley que exige a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, pero la posibilidad de indisponer a Carles Puigdemont genera más vértigo de lo admitido . El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo dejó entrever este miércoles al admitir que su intención es «apurar» la negociación «hasta el último momento» para evitar un encontronazo.
El órgano rector de la Cámara baja, en el que PSOE y Sumar tienen mayoría, se reúne este jueves a las 11:00 horas para decir si admite a trámite la iniciativa de los posconvergentes, tras haberse dado un mes de teórica reflexión. Un mes en el que los socialistas no han logrado avances concluyentes en las conversaciones con Junts, que los acusa de incumplir y aún reclama la delegación integral de las competencias sobre inmigración a la Generalitat o una compensación económica por la baja ejecución presupuestaria.
Sánchez ha tenido en este tiempo algunos gestos. El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros cumplió el compromiso de desclasificar documentos relativos a los atentados yihadistas de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017. Los independentistas siempre han dado pábulo a la teoría del excomisario José Manuel Villarejo de que el CNI pudo estar detrás de ese crimen para dar un «susto» a la Generalitat de Puigdemont. Ahora exigen ver más documentos secretos.
El presidente del Gobierno también aseguró el martes ante los embajadores de España que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas seguirá siendo una de sus «principales prioridades» en 2025. Pero en Moncloa esgrimen que Junts debe ser consciente de que hay cuestiones que no están enteramente en su mano. Esa es una. Otra, la aplicación de la ley de amnistía al ‘expresident’, pendiente de los recursos al Tribunal Constitucional.
En su última intervención pública, en la que advirtió de que el crédito del Gobierno está «en números rojos» y exigió ya la cuestión de confianza, Puigdemont se quejó de que el propio Sánchez le tratara «como el Supremo, como un delincuente». En su balance de fin de año, el presidente aseguró que no tendría ningún problema en reunirse con él y hace apenas seis días la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insistió en el mensaje. «Me da igual cuándo y dónde, lo importante es normalizar esta situación», llegó a decir.
Aunque se llegue a algún compromiso sobre alguno de esos asuntos, Junts no se apeaba de su exigencia de someter a debate de la Cámara el texto que insta a Sánchez a plantear una cuestión de confianza. El Gobierno ya dejó claro la víspera que no está por la labor con el argumento de que someterse a esa prueba es, según la Constitución, una prerrogativa exclusiva del presidente y que para medir su apoyo o quitárselo los grupos parlamentarios tienen otra fórmula, la moción de censura, que en España exige presentar un candidato alternativo. Una fórmula que los socialistas saben que Junts descarta porque le vincularía a PP y Vox.