Quieren que se persiga el «sabotaje laboral» en su uso como arma machista
Penas más duras para quien asfixie a su ex no pagando las pensiones
Los partidos pactan una batería de cambios en el Código Penal para cercar a los maltratadores
Concentración en Málaga en repulsa port el asesinato machista en Benalmádena.
El Congreso aprobará en los próximos días la renovación del pacto de Estado contra la Violencia de Género y uno de los mandatos más claros que los legisladores darán al Gobierno es que endurezca las penas de cárcel y multa para los maltratadores que pretenden seguir martirizando a su expareja tras la ruptura, llevándola a la bancarrota o dejándola en la indigencia con el impago sistemático de la pensión o de las prestaciones económicas que hayan acordado.
Es una de las medidas centrales del capítulo más novedoso del nuevo pacto, el que reclama al Ejecutivo una amplia batería de cambios en el Código Penal para tratar de impedir una de las formas de maltrato de género más sibilinas y eficaces, la que busca controlar, someter e incluso esclavizar a su pareja o expareja colocándola en una situación de dependencia económica que dificulte, si no impida, que pueda escapar de la dominación del agresor machista.
Todas las formaciones políticas salvo Vox creen que ha llegado el momento, como antes se hizo ya con las agresiones físicas y psicológicas, de acabar con la impunidad de la violencia económica de género. Por ese motivo, el dictamen que aprobará el pleno demanda en su medida 404 que se cree un nuevo delito específico que persiga todas las conductas que tengan por finalidad limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres en la pareja y que se explicite que se trata de una forma concreta más de violencia de género. Esa gama de violencias económicas de género, debe aclarar a partir de ahora la ley española, no se agota en el impago de pensiones sino que también incluye otras actuaciones delictivas como la ocultación de bienes (alzamiento), la apropiación indebida de fondos ajenos, la administración desleal del patrimonio personal o familiar e incluso la estafa. Se pide penas más duras y desincentivadoras para los casos en que el impago persiga dejar a la maltratada, a su familia o todos ellos sin la vivienda en la que residen o en tan mala situación económica que limite o impida «su acceso a recursos básicos para la vida» y el «sabotaje laboral" con el que el maltratador impide a su víctima obtener o mantener un empleo para perpetuar su control a través de la dependencia económica.