La ‘ministra de las pulseras’ se blinda y el PP pide a los socios que la dejen caer

El Gobierno, reunido ayer en su primer Consejo de Ministros tras el estallido de la crisis por las fallas en las pulseras antimaltrato, persevera en el blindaje político a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que siga en su puesto. E intensifica, también, su arremetida contra el PP, al que la portavoz, Pilar Alegría, ha acusado de airear «bulos» con el único e «indecente» objetivo de «jugar con el miedo» de las mujeres bajo amenaza. Pero la sucesión de evidencias sobre el agujero en los datos abierta por la migración entre proveedores del servicio y la oleada de denuncias —la Fiscalía, los jueces y las propias víctimas— sobre que el sistema no funciona con la solvencia que debiera han obligado a modular el mensaje del Ejecutivo. Hasta el punto de que Alegría ha admitido hoy que existen «incidencias» que requieren «mejoras» y que la licitación del futuro nuevo contrato deberá garantizar «una transición 100% de un proveedor a otro».

La catarata de quejas sobre la operatividad general del modelo en la que ha desembocado ese vacío en la información acumulada producto del cambio de proveedor —ya solventado— han ido forzando a la ministra Redondo y hoy a la portavoz a pasar de negar la mayor a asumir que «ninguna tecnología es infalible» y que tiene áreas de «mejora» para «minorar las incidencias». Pero el Gobierno no se descabalga de que esas «incidencias» en los dispositivos de protección no han generado inseguridad alguna en las afectadas «antes, durante y después».

Un extremo que ha desmentido en la Cámara alta la senadora popular por León Asun Mayo, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de desproteger a las mujeres por segunda vez, tras el fiasco del Sí es Sí y ha instado a las diputadas y senadoras de la izquierda «que se llaman feministas» a no quedarse calladas.

Gracias a la mayoría parlamentaria del PP, salió adelante que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dimita o sea cesada por el «escándalo» de los «fallos» en la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas. Además de la salida de Redondo del Gobierno se solicita al Ejecutivo una «auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido en el fallo de las pulseras antimaltrato», información sobre cuántas víctimas se han quedado sin protección, cuántos procesos judiciales se han visto afectados y cuántos maltratadores se han beneficiado por el fallo del sistema cometa desde el 20 de marzo de 2024. El texto también exige que se asuman las responsabilidades y pedir perdón a las víctimas y garantizar que los dispositivos telemáticos sean «seguros, fiables, garantistas y realmente útiles». 

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha criticado que Redondo no haya estado presente en el debate, en el que sí han participado diversas consejeras autonómicas con competencias de Igualdad —de Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Murcia, Ceuta y Melilla-. Con ellas se ha reunido este martes en el Senado el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo. Mientras se debatía esta cuestión, la ministra de Igualdad asistía en el Congreso a la conmemoración del aniversario del sufragio femenino e insistía en que «se han superado todas las dificultades» que se han detectado con la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas y que «todo funciona».

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo en el Congreso. Los populares quieren que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

«Sabemos que miembros del Gobierno están tapando a la ministra o están intentando justificarla. Vamos a ver si sus socios también quieren ser cómplices de esta negligencia y de esta mentira», afirmó este martes la portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz.

Irene Montero cerró ayer filas con Ana Redondo y defiende la validez de las pulseras mientras las comunidades del PP exigieron la dimisión de la ministra y Vox dijo que Igualdad se gasta el dinero en «prostitutas".