Diario de León

Técnicos de Hacienda consideran clave la recomendación de Begoña a Barrabés

El Grupo se benefició en las licitaciones de Red.es por las cartas de apoyo de la esposa de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.juanjo martín

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Agencias
Madrid

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El Ministerio de Hacienda sostiene en un informe remitido a la Fiscalía Europea que las cartas de recomendación que escribió Begoña Gómez en favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, amigo y colaborador de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, resultaron claves para que sus compañías fueran seleccionadas en unas adjudicaciones públicas que estuvieron plagadas de irregularidades por parte del ente Red.es. Para los técnicos de la Intervención General del Estado (IGAE), el hecho de que se tuvieran en cuenta esas cartas, cuando las misivas de apoyo ni siquiera aparecían como requisito en las bases de los concursos, fue una «adulteración de la valoración técnica» en las adjudicaciones porque la administración puntuó de manera positiva «manifestaciones de intenciones» de una persona privada.

En un informe de más de 300 páginas, la IGAE, dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, afirma haber detectado, entre otras muchas incidencias, que esas documentos de apoyo al proyecto tecnológico del Grupo Barrabés fueron tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación en la baremación cuando no se debía, ya que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido en el porcentaje total o que intervino en el proceso un órgano que no debía. La IGAE, organismo que vela por la integridad de la contratación pública, ha analizado dos adjudicaciones en las que resultó beneficiada una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en la causa que instruye el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. Este informe fue encargado por la Fiscalía Europea, que tiene abiertas diligencias propias, ya que esas adjudicaciones incluyeron fondos comunitarios, competencia del órgano supranacional.

Begoña Gómez no está siendo investigada en este procedimiento. La Fiscalía Europea asumió el caso después de que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, le informara de que la mercantil Innova Next SLU, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, era «la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés. Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22,8 millones y que suponen un 91,7% del total adjudicado», detalló la Guardia Civil en un informe aportado en su día a Peinado. El órgano supranacional se quedó solamente los dos contratos pagados con partidas del Fondo Social Europeo. La Intervención General, en su vasto informe, se muestra tajante y afirma que Barrabés fue favorecido por esas cartas cuando no debió de ser así. Al margen de las cartas, los técnicos de Hacienda hablan de un posible fraude de ley.

La administración puntuó de manera positiva «intenciones» de una persona privada

Los 121 correos que envió la asesora

La Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que analiza 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se cruzó con la Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que ésta codirigía, si bien también incluye uno sobre la gestión de proveedores para la celebración de un congreso de esta formación. Se trata de correos intercambiados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan «fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra»que Begoña Gómez codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación «genérica y eminentemente administrativa» que mantuvo con este centro. Algunos de estos correos fueron intercambiados entre Cristina Álvarez y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, pero «en su mayoría participan también otros interlocutores», como representantes de empresas como Reale o La Caixa, o una directiva de la Cámara de Comercio. El informe se encuentra ya en la pieza separada en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga si Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, se excedió de sus funciones como asesora con gestiones vinculadas a la vida privada y profesional de Begoña Gómez, y si hubo ambas imputadas incurrieron en presunta malversación. Entre las comunicaciones analizadas por la UCO figuran «contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra», principalmente en relación a firmas de convenio o adendas de adscripción con empresas como Reale, Mercadona, Indra o Deloitte, entre otras.
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