García-Page acusa al Gobierno de Sánchez de investigarlo para hallar «cosas sucias"

La ya de por sí tensa relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García— Page escaló ayer un peldaño más después de que el presidente de Castilla-La Mancha acusase al Gobierno central de haberle investigado en busca de «cosas sucias» contra él con el fin de perjudicarlo políticamente. La denuncia de García-Page llegó por sorpresa durante el Debate sobre el estado de la Región. El jefe del ejecutivo autonómico reveló que un subdelegado territorial organizó el espionaje sobre su persona y su gestión pública.

«La honestidad y la reputación de este gobierno es sagrada y la oposición se alegraría si apareciera un caso de corrupción. Incluso hemos tenido hasta a un subdelegado del Gobierno de España, del Gobierno de ahora, buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente», afirmó Page. El líder castellano manchego incidió en la gravedad de los hechos e informó de que fueron denunciados ante las instancias competentes, sin especificar si estás comprenden a la justicia ordinaria o a los órganos internos del PSOE y del Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, aportó más detalles sobre estas supuestas pesquisas. Apuntó que el Gobierno central no solo desestimó la petición para que se cesara al alto cargo que consideran responsable de la investigación, sino que por el contrario se le ratificó en sus funciones. Esta confirmación en el puesto reduce la lista de posibles muñidores del espionaje a dos nombres. Son los de Carlos Ángel Devia y David Broceño, que fueron confirmados como subdelegados del Gobierno en Toledo y Ciudad Real, respectivamente, en 2023.

Su superiora en el escalafón es la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, una declarada ‘sanchista’. Al ser cuestionada por este tema, Tolón echó balones fuera y manifestó que los subdelegados del Gobierno de España dedican todos sus esfuerzos «a realizar un trabajo excelente para hacer el bien en favor de la ciudadanía».

Page pasa por ser el barón socialista más crítico con la gestión del presidente del Gobierno. Es el único, además, que dirige una comunidad con mayoría absoluta del PSOE. El líder castellano manchego, quien hasta ahora había estado acompañado en sus denuncias internas contra Sánchez por los recientemente fallecidos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, se posicionó en contra de la coalición con Podemos —pese a que él mismo firmó una similar en 2017-, rechaza los pactos parlamentarios con las formaciones independentistas y condena el supuesto trato de favor hacia Cataluña. Ha llegado incluso a instar a Sánchez a que ponga punto y final a la legislatura ante su incapacidad de sacar adelante unos nuevos Presupuestos. Page es una china en el zapato para el jefe del Ejecutivo quien ante las constantes críticas ha llegado a recurrir a la ironía: «La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España».

El Gobierno recibió este viernes con tono displicente el amago del PP de llevarlo ante el Tribunal Constitucional por llevar más de dos años sin presentar Presupuestos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó, de hecho, que el intento de que el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, en el que los progresistas son mayoría, aplique al Ejecutivo un correctivo «quedará en nada». Aunque no aportó argumentos jurídicos para justificar su aplomo. «Imagino que el resultado será como el todos los anteriores» , alegó. Según él, hasta ahora «todos los litigios, y pleitos» del PP han sido en vano. «Y es lógico, —apuntó— porque el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña las peticiones que hace el Senado». Sus cuentas, sin embargo, no están claras.

Este será el séptimo conflicto de atribuciones que impulsa el PP. El planteado contra el Congreso por tramitar la ley de amnistía lo acabó retirando, pero los demás están pendientes de resolución. «En el congelador», dicen fuentes populares. El propio Ejecutivo, en cambio, sí perdió el conflicto que a su vez presentó contra la Cámara alta por tramitar una proposición de ley para derogar el polémico impuesto de sucesiones.