Sentencia histórica: El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, inhabilitado. Una semana después de concluir el juicio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y dos en contra, ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Fiscal como autor de un delito de revelación de datos reservados, contenido en el artículo 417.1 del Código Penal. Una mayoría de magistrados han considerado probado que el fiscal general del Estado participó en las maniobras para filtrar datos confidenciales de la denuncia por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por ello, la sala le condena a la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por un tiempo de dos años. Un castigo que supondrá su pérdida de condición como fiscal por el carácter doloso del delito. Este apartamiento de la dirección del Ministerio Público, que debería ser inmediato en cuanto se le notifique oficialmente la sentencia completa, algo que todavía tardará algunos días, es el gran castigo, porque, como era previsible, García Ortiz no entrará a prisión pese a que las acusaciones reclamaron entre cuatro y seis años. Es más, el ya condenado en firme ni siquiera ha recibido una pena mínima de cárcel. En cambio, le imponen una multa meramente simbólica de doce meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros en total) y otros 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Una parte especialmente dolorosa para García Ortiz, ya que supone que deberá abonar esta cantidad a González Amador por los «daños morales» ocasionados. O sea, la Sala Segunda certifica que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue víctima del fiscal general y que su actuación, tal y como sostuvo el empresario y comisionista durante el juicio, le supuso un daño reputacional a su imagen y a su honor. «Me ha reventado mis derechos fundamentales al convertirme en el delincuente confeso del Reino de España; me voy del país o me suicido», llegó a lamentar González Amador al final de su declaración en la vista oral. La sala, que solo ha adelantado el fallo pero no el contenido de la sentencia que se hará público en los próximos días, también ha comunicado que el tribunal ha absuelto a García Ortiz «del resto de los delitos objeto de la acusación». O lo que es lo mismo, los magistrados descartan que el imputado «prevaricara», tal y como sostenía la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular y muy beligerante con el jefe de la institución. Pero el Supremo, en ‘sensu contario’ también ha rechazado la posibilidad de condenar al fiscal general por un delito ‘algo menor’, que era el de infidelidad de documentos, que era el ilícito alternativo propuesto por algunas acusaciones para que, en el caso de que la sala no viera la revelación de secretos, pudiera imponer un castigo penal de menor envergadura. Por la absolución La sentencia íntegra, entre otros motivos, no fue pública este jueves porque la ponente de la resolución, Susana Polo —junto con otra de las magistradas de la Sala Segunda Ana María Ferrer García, ambas de sensibilidad progresista— ha disentido de la mayoría de sus compañeros: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Carmen Lamela y José Ramón Berdugo. Así las cosas, tras verse en minoría en las deliberaciones la nueva ponencia la ha asumido el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, quien ahora tendrá que redactar el fallo. Tanto Polo como Ferrer han anunciado votos particulares a la condena. Según fuentes judiciales, las dos magistradas discrepantes directamente abogaban por la absolución de García Ortiz, al entender que en las seis sesiones del juicio que se celebraron entre el 3 y el 13 de noviembre no ha quedado acreditado que el fiscal general participara en la filtración entre el 13 y 14 de marzo de 2024 del mail que Carlos Neira, abogado de González Amador, remitió al fiscal del caso, Julián Salto, y en el que reconocía que «ciertamente» su cliente había cometido dos delitos fiscales en el impuesto de sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021 superior a los 350.000 euros. La comunicación del fallo de la futura sentencia se ha hecho en tiempo récord, teniendo en cuenta que la vista oral concluyó el jueves de la pasada semana a última hora de la tarde.

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