Indemnizaciones por retraso en Renfe: así afecta la nueva Ley de Movilidad Sostenible al transporte público
Hoy debía entrar en vigor la enmienda con la antigua política de indemnizaciones del operador público
Estación de tren de León.
El 3 de diciembre de 2025 se aprobó la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, una normativa que redefine el transporte en España al reconocerlo formalmente como un derecho social, priorizando la sostenibilidad y la eficiencia energética sobre el modelo de movilidad tradicional. Entre sus medidas más destacadas, la normativa obliga a las empresas con más de 200 empleados a implementar planes de movilidad que fomenten el transporte compartido o el teletrabajo, y restringe los vuelos comerciales en rutas que cuenten con una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media.
Respecto al transporte público, la ley establece un nuevo sistema de financiación estatal vinculado al cumplimiento de objetivos climáticos y potencia el uso del ferrocarril como eje vertebrador del territorio. Asimismo, introduce un marco de digitalización para que administraciones y operadores compartan datos en tiempo real, buscando optimizar la planificación urbana y garantizar un servicio de calidad.
Una de las enmiendas más polémicas versa respecto a las indemnizaciones por retraso en el sector ferroviario español. La ley obliga a Renfe a recuperar sus antiguas indemnizaciones por retraso, un 50% del importe por 15 minutos y un 100% por 30 minutos.
A pesar de que el 1 de enero debía entrar en vigor, a día de hoy, el Ministerio de Transportes mantiene paralizada la aplicación de estas indemnizaciones.
El motivo por el cual la enmienda aprobada solo se dirige a Renfe y no a competidores como Iryo u Ouigo se debe a la naturaleza de las empresas y su relación con el Estado. Renfe es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes. Históricamente, ofrecía un "compromiso voluntario de puntualidad" mucho más estricto que lo exigido por la ley para diferenciarse por su calidad. La nueva ley busca convertir ese antiguo compromiso voluntario en una obligación legal específica para el operador estatal.
Iryo y Ouigo, como empresas privadas que operan en un mercado liberalizado, se rigen estrictamente por el Reglamento Europeo 2021/782 y la Ley del Sector Ferroviario general. Estos mínimos legales solo obligan a devolver el 50% con 60 minutos de retraso y el 100% con 90 minutos.
La enmienda legal aprobada pretende imponerle por ley un estándar superior argumentando que, como empresa pública, debe garantizar un nivel de servicio excelente a la ciudadanía.
La situación ha generado un conflicto administrativo. Renfe y el Ministerio de Transportes sostienen que obligar solo a la empresa pública a pagar indemnizaciones más altas crea una "desventaja competitiva". Argumentan que Renfe tendría unos costes adicionales de hasta 125 millones de euros anuales que sus rivales no tienen y podría forzar a Renfe a subir sus precios de los billetes hasta un 10%, favoreciendo indirectamente a las privadas.
A pesar de la aprobación de la ley, el Ministerio mantiene frenada su aplicación mediante recursos legales y estudios reglamentarios, alegando que la medida podría ser inconstitucional por romper la igualdad de condiciones en el mercado. Por tanto, todas las operadoras (incluida Renfe) siguen aplicando el régimen de 60 y 90 minutos mientras se resuelve la batalla legal.