Diario de León

La crisis de los Rodalies se agrava al suspenderse todos los cercanías

La Generalitat reclama a Adif y Renfe el cierre mientras no se pueda garantizar la seguridad del servicio a causa de los desprendimientos

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Iva Anguera / Paula de Las Heras
Barcelona / Madrid

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Renfe suspendió ayer, a instancias de la Generalitat de Cataluña, el servicio de Rodalies (el nombre de los Cercanías en esta comunidad) hasta que pueda garantizar la seguridad del conjunto de la red. El Govern pidió, además, que, cuando se retome al servicio, sea gratuito, para compensar las incidencias sufridas por los usuarios catalanes.

Tras una nueva jornada de caos provocado por los anuncios contradictorios de la Generalitat y Renfe —la primera anunció la noche del viernes la suspensión del servicio de Rodalies, pero la empresa pública operó trenes de forma intermitente en algunas líneas ayer— el Gobierno catalán se decantó por aprobar una resolución que ordena a la operadora a suspender el servicio. Tras la repetición de desprendimientos en varios puntos críticos de la red, la Generalitat optó ayer por no dar por buenas las garantías ofrecidas por Adif y decidió suspender de nuevo el servicio.

El Ejecutivo de Salvador Illa ponía también sobre la mesa el peligro del nuevo temporal que azota Cataluña, con alertas por lluvia intensa y nieve en cotas bajas. Renfe, sin embargo, desoyó esa decisión. «Los usuarios no pueden ser rehenes de esta situación", argumentó el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que sustituye al presidente Illa durante su convalecencia. «Por eso, ante los últimos acontecimientos que impiden prestar el servicio con normalidad", y «como titulares del servicio, solicitamos la suspensión total hasta que los operadores puedan asegurar la plena operatividad de las vías", apuntó. «La máxima prioridad es garantizar la movilidad segura de la ciudadanía y los trabajadores de Rodalies", explicó la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. Ni Dalmau ni Paneque quisieron concretar cuándo se restablecerá el servicio, pero ambos avanzaron que cuando se restablezca será gratuito hasta que Rodalies funcione con total normalidad. Los dos responsables insistieron en su comparecencia en que la Generalitat es la titular del servicio para reivindicar su autoridad sobre Rodalies, así como su responsabilidad sobre la seguridad del servicio.

La gratuidad fue uno de los acuerdos alcanzados ayer en otra maratoniana reunión de la Generalitat con los responsables de Renfe y Adif. Un encuentro en el que también se acordó mejorar «los mecanismos de coordinación en comunicación» después de que Paneque viera, por segunda vez, cómo Renfe hacía exactamente lo contrario de lo anunciado por la consejera la noche anterior.

La consejera relató que se han detectado 21 puntos con riesgo de diversa consideración, dos de ellos «especialmente intenso", pero no especificó de qué puntos de la red se trata. Mientras, Renfe pidió disculpas a los afectados. «Renfe está trabajando sin descanso y de forma coordinada con Adif y la Generalitat de Cataluña con el objetivo de recuperar la circulación en el menor tiempo posible", destacó el operador ferroviario.

La crisis de los Cercanías fue aprovechada ayer por el líder de Junts, Carles Puigdemont, para atacar al PSC. «Año y medio después del gobierno socialista y españolista, Cataluña está colapsada", proclamó ayer Puigdemont desde Perpiñán (Francia), donde reunió a los altos cargos de su partido para dar su respuesta al caos de Rodalies. Un caos en el que el líder independentista ve la suma de años de desinversión y una «incompetencia premeditada» con el objetivo de dejar una «Cataluña arrasada».

Junts debía celebrar ayer su Consejo Nacional, pero los problemas del sistema ferroviario catalán llevaron a los independentistas a cambiar el guion «para que al menos alguien reaccione». Puigdemont recordó que los socialistas acumulan «todas las palancas» de poder en Cataluña, puesto que gobiernan en la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y las diputaciones provinciales, además de ocupar la Moncloa. Y los acusó de utilizar ese poder acumulado para «diluir lo que nos ha hecho nación: un modelo económico construido a través del esfuerzo de generaciones».

El accidente rompe los planes del Gobierno para llegar con brío a Aragón. El accidente de Adamuz pone en riesgo esa estrategia, que llevaba adherida otra bandera blandida por Sánchez: la de la buena gestión de unos servicios públicos supuestamente maltratados por la derecha. Pese a la confianza interna en que el ministro Óscar Puente sabrá capear el temporal y los esfuerzos de Moncloa por rebatir las dudas y las críticas con un aluvión de datos sobre inversiones, controles y estadísticas exculpatorias, el dramático suceso ha permitido que la oposición ponga el foco en dos asuntos que lastran a los socialistas: retrasos y corruptelas.

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