El juez rastrea la actividad de Montoro por el pago de gasísticas
Prorroga la causa por su «suma complejidad» y avanza las próximas citaciones
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El juez de Tarragona que instruye el llamado ‘caso Montoro’, la presunta trama que gira en torno a la consultora Equipo Económico, fundada en 2006 por el ministro de Hacienda en el Gobierno de Rajoy, ha ordenado a la Policía Judicial que lleva a cabo una batería de diligencias en busca de conocer los servicios prestados por el despacho a las empresas gasísticas investigadas y los pagos que realizaron estas mercantiles para lograr reformas legales que favorecieran sus intereses económicos. Todo ello aprovechando los años en los que Montoro fue ministro en el último Gobierno del PP (2011-2018). Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número dos, ha aceptado en su totalidad la petición formulada el pasado 22 de enero por la Fiscalía Anticorrupción para reactivar una causa que, además de haber permanecido bajo secreto siete años, está a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Tarragona sobre recursos nucleares para el devenir de la instrucción. En dos autos fechados a lunes pasado, a los que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha solicitado una serie de documentación de Equipo Económico cuando Montoro era titular de Hacienda, así como información relativa al propio exdirigente popular y mercantiles asociadas. En concreto, requiere a la Policía Judicial hojas registrales completas, memorias y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados. Además, solicita los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. También, que se recopilen las escrituras de constitución y titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una de ellas. El magistrado requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen a Montoro, su hermano Ricardo y varios miembros de Equipo Económico, algunos de los cuales fueron altos cargos de Hacienda con el PP. De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas imputadas en la causa en busca de los pagos al despacho para obtener ventajas fiscales. En total, los investigados de la consultora se habrían llevado unos 30 millones de euros en el periodo investigado.
Interrogatorios
Asimismo, ha decidido prorrogar la investigación seis meses más, explicando que el levantamiento del secreto de las actuaciones provocó «la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligencias de los mismos» y dada la «suma complejidad» de la causa. Debido a estas circunstancias, prosigue el instructor en sus resoluciones, no se ha acordado aún la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto peticiones realizadas por las partes.
Tras el levantamiento del secreto del sumario en primavera pasada, el juez considera que este momento de la instrucción «se ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes». Sobre todo las gasísticas asociadas a la patronal AFGIM, que habrían logrado a través del despacho que el Gobierno modificara la normativa sobre el impuesto eléctrico para obtener una rebaja fiscal (2013) y el gravamen sobre actividades económicas (2018).
Los delitos atribuidos a la treintena de investigados son presunto cohecho, fraude fiscal, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y corrupción en los negocios.