Los socios exigen a Illa que prohíba la compra especulativa de viviendas

La vivienda será la línea roja de los Comunes —referente catalán de Sumar— para apoyar los primeros presupuestos del Gobierno de Salvador Illa. Y dentro de las políticas de vivienda el partido de Ada Colau no se conformará con más dinero para vivienda social —exigencia que también plantean-. Reclaman además que el Ejecutivo catalán prohíba la «compra especulativa». Esto es, impedir la compra de una vivienda para cualquiera que no vaya a habitarla. Los morados se dan seis meses para regular esta nueva limitación al mercado de la vivienda en Cataluña y advierten de que no aceptarán las negativas del Gobierno, en este caso del de Pedro Sánchez. «El Ministerio de Vivienda siempre dice que no», apuntan desde los Comunes, recordando las amenazas de inconstitucionalidad sobre medidas como la limitación de los alquileres turísticos o la prórroga sobre las viviendas protegidas que debían volver al mercado libre, y que ya se aplican en Cataluña.

La líder de Cataluña en Común en el parlamento catalán, Jéssica Albiach, anunció este jueves las condiciones que su partido planteará en la negociación presupuestaria en Cataluña. Cinco ejes de los que dos corresponden a la vivienda: el aumento hasta 1.200 millones de euros de la partida para políticas de vivienda y esa prohibición de las compras especulativas. «Queremos frenar el secuestro de pisos en manos de especuladores», argumentó Albiach para explicar esta medida legislativa, que confían en articular a través de una modificación de la legislación urbanística. Esta sería la vía para sortear la protección a la propiedad privada derivada de la Constitución y a la libertad de mercado que impone la Unión Europea, explican desde la formación morada.

Su intención es introducir una modificación en la normativa urbanística catalana, de modo que los ayuntamientos puedan decretar esta media, de modo excepcional, acogiéndose a las áreas tensionadas que ya recoge la legislación de vivienda. Las mismas áreas tensionadas que reguló en primer lugar la Generalitat, y que ahora ha incorporado la ley estatal para amparar el tope a los precios del alquiler, que de momento solo aplican Cataluña y País Vasco.

Albiach defendió además su predisposición a negociar las Cuentas públicas pese a la crisis en la que se halla inmerso el Gobierno catalán por el caos de Rodalies. «Cataluña necesita presupuestos», tras dos años seguidos de prórrogas, justificó. De hecho, Salvador Illa gobierna con el último proyecto presupuestario aprobado por Pere Aragonés en 2023. Y tanto el PSC como los comunes son muy conscientes de que si no se aprueban nuevas Cuentas este año, difícilmente lo harán en 2027, año de elecciones municipales que en Cataluña serán el primer examen al poder omnímodo de los socialistas. «Nuestro objetivo es hacer unos Presupuestos que se noten» explicaba Albiach en este contexto. «Este es el precio de nuestros votos, que los presupuestos se noten» cuando pagas alquiler, vas al médico, en el colegio y el transporte público.

Medidas sociales y Rodalies

Junto a las exigencias en materia de vivienda, los comunes reclamarán también «priorizar Rodalies» en las inversiones en infraestructuras, frente a proyectos como la ampliación pendiente del Aeropuerto de Barcelona-El Prat o la construcción de nuevas carreteras. Reclaman además medidas para garantizar la movilidad, como la ampliación de la red de autobuses y tranvías interurbanos. En materia de políticas sociales, exigirán aumentar el número de becas comedor para alcanzar al 27% de los alumnos catalanes. Una medida anunciada el mismo día en que el servicio de estadística de la Generalitat, Idescat, confirmaba que uno de cada tres menores está en riesgo de pobreza en Cataluña.