Calama, el juez discreto y metódico contra ZP
Una de las hijas de Zapatero sale de la sede de su empresa tras el registro de la Udef.
El juez José Luis Calama está especializado en cibercrimen, fraudes tecnológicos y grandes investigaciones económicas. De talantante discreto, a partir de ahora le resultará difícil ocultarse del foco mediático. Acaba de dar un paso inédito en la historia democrática de España: citar como investigado a un expresidente del Gobierno por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental en el ‘caso Plus Ultra’.
Es difícil encontrar una foto suya hasta en internet, pero su prudencia contrasta con la envergadura de las macrocausas que ha tenido en manos. José Luis Calama Teixeira entró en la carrera judicial hace tres décadas y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a varios miembros del Gobierno en el conocido como ‘caso Pegasus’.
Juez meticuloso, fue hace ocho años cuando relevó a Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, donde heredó la causa sobre la compra del Banco Popular por parte del Santander por un euro, en la que se investigan posibles delitos de estafa y falsedad contable.
La decisión de imputar a Zapatero no es la única con tintes polémicos que ha adoptado. En septiembre de 2021, por ejemplo, rechazó prohibir una manifestación en homenaje al etarra Henri Parot, por la que partidos, asociaciones de víctimas y sindicatos policiales pusieron el grito en el cielo.
Otro de los procedimientos relevantes que han pasado por su juzgado fue el fraude masivo atribuido a Arbistar, una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que dejó miles de afectados y pérdidas millonarias. Más recientemente, impulsó las diligencias sobre la financiación de Se Acabó La Fiesta y el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández por la presunta entrega de dinero en efectivo procedente del empresario Álvaro Romillo.
En julio de 2023 el juez volvió a la actualidad por el ciberespionaje a los teléfonos móviles del presidente español, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas. El espionaje del ‘caso Pegasus’ apuntaba a Israel, pero Calama acabó archivando dos veces la causa —la última, en enero de este año— por la falta de cooperación del país hebreo.
Ayer, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado las «descalificaciones que cuestionan la independencia de los jueces sin fundamento alguno», tras varias reacciones en apoyo al expresidente Zapatero después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigarle en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto delito de tráfico de influencias. «En un Estado social y democrático de derecho, las resoluciones judiciales deben poder ser analizadas, recurridas y debatidas desde el respeto institucional y jurídico, pero no deslegitimadas mediante descalificaciones genéricas que cuestionan la independencia de jueces sin fundamento alguno», dice en un comunicado.