PSOE y Sumar impiden que se pida elecciones a Sánchez

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, preside la primera reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de la XV Legislatura.
La Mesa del Congreso inadmitió ayer dos enmiendas en las que el PP y Junts exigían a Pedro Sánchez convocar elecciones de inmediato. El órgano rector de la Cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, resolvió tras una reunión urgente que ambas iniciativas, cuya votación estaba prevista para el jueves, invaden competencias constitucionalmente reservadas al presidente del Gobierno. En concreto, la Mesa se escuda en el artículo 112 de la Constitución, que regula la prerrogativa exclusiva del presidente del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza. Entiende así que la Cámara no puede inmiscuirse en esa facultad.
Lo que pretendían los dos partidos proponentes era que los grupos parlamentarios se posicionaran sobre si «la situación de extrema debilidad política y parlamentaria» del Gobierno debe llevar al presidente a poner las urnas pese a su intención de agotar la legislatura. La exigencia tenía visos de prosperar ya que podría haber contado, como mínimo, con el apoyo suficiente de Vox y quizá con el de Coalición Canaria o incluso con el de Podemos, que también ha defendido en numerosas ocasiones en las últimas semanas que la legislatura está agotada, aunque es probable que no hubiera querido retratarse con la derecha.
«Que presenten la moción de censura con Vox y la prioridad nacional, a ver quién suma», retó Patxi López a los populares.
Segundo intento
En enero de 2025, Junts ya puso al Ejecutivo en un brete similar cuando presentó una proposición no de ley que exigía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Se abrió entonces un intenso debate jurídico y político sobre si la Cámara Baja tenía potestad para pronunciarse sobre una prerrogativa exclusiva del jefe del Gobierno. Pero entonces, tras posponer en varias ocasiones el veredicto definitivo de la Mesa, el PSOE optó finalmente por aceptar la iniciativa con ligeros retoques a cambio de que los independentistas respaldaran uno de los reales decretos leyes del Ejecutivo que incluía la revalorización de las pensiones.
La votación de aquella otra iniciativa estaba programada para finales de febrero de 2025. Sin embargo, en un giro de guion inesperado, la ejecutiva de Junts acordó por unanimidad dar marcha atrás y retirar formalmente la propuesta antes de que llegara al pleno. Esa decisión se explicó como un gesto para rebajar la tensión con el Gobierno central y retomar las conversaciones sobre compromisos pendientes, entre ellos, la cesión de las competencias sobre inmigración a la Generalitat. Ahora, sin embargo, la opción de una salida pactada no existía. Los de Puigdemont rompieron en noviembre del pasado año cualquier relación con el Gobierno y se niegan a sentarse a hablar de nada.
Es un momento de extrema debilidad de los socialistas, acuciados por los casos de corrupción y en mitad de una semana especialmente dura con la citación de Begoña Gómez, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado por sus reuniones con Leire y la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional hoy y mañana.