El CGPJ enfoca a Peinado por apuntar a la complicidad de la Policía con Begoña

El contestado auto por el que el juez Juan Carlos Peinado envía a juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos vinculados a la corrupción y le retira el pasaporte por riesgo de fuga ha dado lugar a una reacción muy infrecuente por parte del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno de los jueces que encabeza Isabel Perelló analiza ya si incoa expediente al instructor —la antesala para una posible sanción en un procedimiento que será, en todo caso, largo— por una posible falta grave al haber argumentado en su resolución, como razón de peso para impedir a Gómez salir al extranjero, que los policías que la escoltan podrían ayudarla en un hipotético intento de fuga. Los vocales, que estaban convocados ‘online’ a las diez de este domingo para votar sobre la apertura del expediente, volverán a reunirse de modo presencial a las 9.00 de este lunes dada la relevancia del asunto y con la eventual infracción —el artículo 418.5 de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)-encima de la mesa, según confirmaron a este periódico fuentes solventes del CGPJ. Una mesa sobre la que están ya las quejas por el proceder de Peinado del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dirigida a Perelló y la oficializada este mismo domingo por el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, quien denuncia una vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución por, entre otras cosas, haberse enterado por la prensa de la resolución sobre su defendida. Por su parte, la Confederación Española de Policía ha anunciado también que apelará al Consejo para que aleccione al instructor. El arco de potenciales sanciones que prevé la legislación para las faltas graves o muy graves van de la advertencia a una multa de hasta 6.000 euros pasando por el traslado forzoso a 100 kilómetros del juzgado o tribunal, la suspensión de hasta tres años e incluso el apartamiento de la carrera. Pero, en todo caso, Peinado se jubila, al cumplir el máximo de 72 años, el próximo 27 de septiembre. Y, como recuerdan en el Consejo, lo que se le abrirá de momento serán unas diligencias informativas, sin que, por ejemplo, el expediente a que dio lugar la queja presentada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hace un año haya sido aún resuelto. El Consejo lleva horas inmerso en una vorágine muy poco habitual a cuenta de la controvertida actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dictó este sábado un auto de 84 folios que ha desatado un vendaval político y judicial.

No ya por enfilar al banquillo a la mujer de Pedro Sánchez, algo que se daba casi por descontado a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial madrileña, sino por haber restringido la libertad de movimientos de la imputada y, en especial, por la singular tesis de Peinado para justificar la medida cautelar: que, lejos de ser un elemento disuasorio como había argumentado la defensa, los guardaespaldas de la Policía Nacional que protegen a Gómez podrían acabar siendo cómplices de una pretendida huida si así se lo ordenaran desde el Ejecutivo.